La Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo negociará con la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Vivienda las condiciones de las ayudas que estas Administraciones concederán para la reconstrucción de los bloques 2, 4 y 6, derruidos tras la explosión del pasado 1 de mayo.
Tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno se han comprometido a aportar un millón de euros cada una para sufragar la reestructuración (valorada en dos millones de euros), gesto que los afectados han agradecido pero que están en disposición de no aceptar si se les obliga a que sus nuevas viviendas sean de protección oficial.
Las 30 familias afectadas acordaron ayer ceder su voz a la Asociación de Víctimas para que negocien con las Administraciones en su nombre, especialmente con el Ministerio de Vivienda. Para ello, entregarán toda la información sobre sus seguros privativos y comunitarios, así como sobre las indemnizaciones que han percibido hasta ahora.
La intención de los afectados es que ver de qué recursos económicos disponen y, si finalmente se les obliga a que sus nuevas viviendas sean de protección oficial, negociar la cantidad de las ayudas que necesita y fijar un plazo temporal acorde a ese dinero, el cual nunca sería de los 30 años previstos por la ley.
El presidente de la Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa, insistió ayer en la necesidad de que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana para poder proceder a la edificación en los términos acordados. En este sentido, anunció su intervención en el próximo pleno municipal para insistir en una vía alternativa que el Ayuntamiento ya ha rechazado por considerarla ilegal.
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