En la moción del grupo 'popular' se recuerda que, recientemente, el

Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha denunciado ante la Junta el caso de una vivienda de protección oficial de la capital, en concreto de la promoción municipal construida en calle Nosquera, que fue inscrita a comienzos de este mes en el registro de Turismo de Andalucía para poder ser utilizada con fines turísticos.

El IMV argumenta que una vivienda protegida "no puede ser vivienda turística mientras no haya transcurrido el plazo de calificación o se haya descalificado de acuerdo con las causas marcadas por la legislación, ya que de acuerdo con la misma, debe usarse exclusivamente para fin residencial que es el motivo para el que se adjudicó".

Para el PP en el Ayuntamiento, "no parece coherente que viviendas de protección oficial, que cumplen una innegable función social garantizando el derecho a una vivienda a aquellas personas con rentas más bajas, terminen dedicándose a alquiler turístico y, por tanto, convirtiéndose en un negocio".

Es más, han apuntado que "de ningún modo es lógico, y mucho menos, mientras haya miles de malagueños inscritos en el registro de demandantes de VPO, a la espera de poder tener acceso a un inmueble en el que vivir".

Por otro lado, han señalado que posteriormente a la formulación de la denuncia por parte del IMV "se ha conocido que la norma de la Junta de Andalucía permite convertir VPO en viviendas turísticas, si bien establece que no podrá hacerse con la totalidad de la vivienda sino con sus habitaciones, siempre y cuando el uso principal de la vivienda sea el de vivienda habitual y permanente por su propietario".

En este punto, han señalado que "ya sea de una u otra forma" no se comprende "cómo es posible que la administración autonómica permita destinar viviendas sociales a fines lucrativos como es el caso que nos ocupa".

Por todo ello, desde el grupo municipal 'popular' han incidido en que "si bien se trata de algo legal, con la ley autonómica en la mano, no resulta ético a nuestro juicio y entendemos que la Junta debe articular los mecanismos necesarios para evitar que ocurra".