La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE

Son tres feudos históricos del PP, pero también las comunidades que más dolores de cabeza han dado últimamente a Mariano Rajoy en su faceta de presidente del partido, un cargo que ostenta desde 2004. Escándalos relacionados con la corrupción y diversas irregularidades en la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid han obligado al máximo dirigente de la formación conservadora a tomar decisiones —o a esperar a que otros las tomen— que, en principio, no entraban en sus planes.

La Comunidad Valenciana lleva años siendo una pesadilla para el PP, con un reguero de casos por corrupción en los que ya es difícil no perderse (Brugal, Emarsa, Fabra, Gürtel, Nóos, Taula, Fórmula 1...). Según informaba eldiario.es, los casos de corrupción del PP valenciano tenían ocupados el pasado mes de febrero a 11 de los 21 juzgados de Instrucción de la ciudad de Valencia, la mitad de todos los que investigan los delitos de relevancia penal en el partido judicial de la capital. No obstante, y por lo que han supuesto como golpes en la línea de flotación del partido desde que lo preside Rajoy, tres nombres sobresalen especialmente: Carlos Fabra, Francisco Camps y Rita Barberá.

"Plena y total confianza"

Fabra, presidente de la Diputación de Castellón desde 1995 hasta que dimitió en 2011, y uno de los antiguos líderes del PP en la provincia, fue procesado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, por cohecho y por cinco delitos fiscales, siendo condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda. En 2008 Rajoy lo había calificado de "ciudadano ejemplar".

Por su parte, Camps, que ocupaba la presidencia de la Generalitat valenciana desde 2003, fue imputado en 2009 por su relación con la trama de corrupción en el PP del caso Gürtel. En mayo de 2011 fue reelegido como presidente regional, y el 15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decretó la apertura de juicio oral contra él y otros cargos de su administración. Cinco días más tarde, Camps presentó su dimisión. Le sucedió en el cargo Alberto Fabra, quien en las elecciones de 2015 fue incapaz de revalidar para el PP una mayoría suficiente para gobernar.

En unas ya famosas declaraciones de abril de 2009, Rajoy había dicho de Camps y del que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa (también imputado): "Tengo plena y total confianza en ambos, y tienen el pleno y total apoyo del partido". "Siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado", le dijo también el presidente del Gobierno a Camps, en junio de ese mismo año.

"No dimito ni me lo planteo"

La tercera gran piedra en el 'zapato valenciano' de Rajoy fue Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 24 años consecutivos y senadora por la Comunidad Valenciana, que falleció en Madrid en 2016 tras sufrir un infarto. Su apoyo al ya dimitido Francisco Camps ("Todos los políticos de este país, del primero al último, reciben regalos", llegó a decir) le supuso un gran desgaste, así como la posibilidad de resultar imputada en el caso Nóos, un episodio del que, sin embargo, salió indemne, tras la decisión del TSJCV de no imputarla.

En enero de 2016, tras la operación Taula, practicada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones de la Comunidad Valenciana, Barberá negó cualquier relación con el caso. La direccion del PP, no obstante, le pidió que diera "un paso atrás" y no presidiera, como estaba previsto, la Comisión Constitucional del Senado.

Cuando el juez del caso Imelsa solicitó al Senado que acreditara la condición de senadora de Barberá con el fin de determinar si era competente para investigarla, Barberá afirmó: "no dimito, ni me lo planteo". El PP le abrió un expediente informativo y, el 13 de septiembre de 2016, el Supremo decidió investigarla por supuesto blanqueo de capitales. Un día después, la exalcaldesa solicitaba la baja en el PP, pero se negaba a entregar su acta de senadora.

Salida 'a la murciana'

Pedro Antonio Sánchez dimitió de su cargo como presidente de la Región de Murcia el 4 de abril de 2016, 24 horas antes de que se celebrase una moción de censura en su contra promovida por los tres partidos de la oposición por su vinculación a los casos Auditorio y Púnica, y después de que su imputación en el caso Auditorio provocara la ruptura del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos. El PP pudo seguir gobernando en la comunidad al abstenerse después Ciudadanos en la votación de investidura del actual presidente regional, Fernando López Miras.

La salida de Sanchez en vísperas de una moción de censura que habría arrebatado el gobierno al PP, y la permanencia de este partido en el poder al desactivar Ciudadanos, tras la renuncia, la moción, ha sido invocada estas últimas semanas como precedente de lo que podría haber sucedido en Madrid con Cristina Cifuentes, de no haberse precipitado este martes la dimisión de la presidenta madrileña. Es lo que se ha venido en llamar "salida a la murciana".

Sobre el caso Auditorio, Sánchez declaró como investigado ante el juez el 6 de marzo de 2017 por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, cuando era alcalde de esta localidad. Aseguró que solo fue el impulsor político de las obras y que se limitó a aprobar los informes de los técnicos municipales, de los que se fiaba plenamente.

En otra de sus causas abiertas, el denominado caso Pasarelas, Sánchez fue procesado el 4 de abril de 2018 por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por la supuesta contratación ilegal de las obras de construcción de dos pasarelas en Puerto Lumbreras en la etapa en la que era primer edil de la población.

Sánchez había sido elegido presidente del PP de Murcia en marzo de 2017 por más del 93% de los compromisarios, en sustitución de Ramón Luis Valcárcel. Seis meses después, el 27 de septiembre, renunciaba a la presidencia del PP en la Región, a su escaño en la Asamblea Regional y, unos días más tarde, a la política. La dirección nacional del partido calificó su caso como "injusto", pero pocos dudan de que la presión de Génova fue determinante para que Sánchez tomara la decisión de abandonar el cargo.

Las batallas de Madrid

Desde que en las elecciones de 2003 el PP perdió la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, donde lleva gobernando desde 1995, el Gobierno regional ha tenido tres presidentes de este partido: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Los tres se han visto envueltos directa o indirectamente en casos de corrupción o en presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus cargos públicos, mientras el PP madrileño se ha ido descomponiendo cada vez más como resultado de las duras luchas internas entre sus diversos clanes.

Tras ganar las elecciones autonómicas de 2011 con mayoría absoluta, Esperanza Aguirre permaneció en el cargo de presidenta hasta el 17 de septiembre de 2012, cuando anunció su dimisión y su retirada de la primera línea política, alegando motivos personales, entre ellos su enfermedad. Fue sustituida por el hasta entonces vicepresidente del Ejecutivo y uno de sus más fieles colaboradores, Ignacio González.

Durante su retirada de la política activa, Aguirre protagonizó agrios enfrentamientos, en pleno Comité de Dirección del PP de Madrid, con la entonces alcaldesa de la capital, Ana Botella, y con la cúpula nacional del partido presidida por Rajoy, a raíz del caso Gürtel.

"Engañada y traicionada"

Aguirre regresó a la política como candidata a la Alcaldía de Madrid en las municipales de 2015, en las que el PP fue la formación más votada pero sin capacidad para poder llegar a acuerdos de gobierno, lo que relegó a la expresidenta regional a los bancos de la oposición, hasta que el 14 de febrero de 2016 anunció su dimisión como presidenta del PP de Madrid por "responsabilidad política". La renuncia se producía apenas unos días después del registro en la sede del PP de Madrid por la trama Púnica.

El 20 de abril de 2017, Aguirre compareció como testigo ante el tribunal que juzgada el caso Gürtel. A la salida, y entre lágrimas, se confesó "triste" y "conmocionada" por el arresto de su antiguo mano derecha y sucesor en la presidencia de la Comunidad, Ignacio González, llevado a cabo un día antes con motivo de un presunto caso de corrupción destapado en el canal de Isabel II (caso Lezo). González había ocupado la presidencia hasta las elecciones 2015, en las que no se presentó como candidato, acosado por las acusaciones sobre las presuntas irregularidades en la compra de un ático en Marbella.

Al día siguiente, el 21 de abril, Ignacio González ingresó en la cárcel, y tres días más tarde Aguirre anunció su dimisión como portavoz del PP y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. En su comparecencia afirmó sentirse "engañada" y "traicionada".  Su otro estrecho colaborador durante sus años como presidenta, el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior Francisco Granados, gran rival de González, llevaba desde octubre de 2014 en prisión preventiva por su presunta implicación en el caso Púnica.

"Un nuevo PP"

En este contexto, Cristina Cifuentes, curtida en la política regional en sus anteriores cargos como vicepresidenta de la Asamblea Regional y como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, llegó con la promesa de ser un ejemplo de honestidad y de trabajar por "un nuevo PP de Madrid", al ser elegida presidenta del Gobierno autonómico en junio de 2015.

En los últimos meses, sin embargo, el escándalo del máster que obtuvo de forma presuntamentre fraudulenta había hecho la permanencia de Cifuentes en el cargo cada vez más insostenible, pese al apoyo (en público) de Rajoy. Finalmente, la oportuna salida a la luz este miércoles de un vídeo en el que la ya expresidenta aparecía supuestamente cometiendo un hurto en un hipermercado en 2011 ha precipitado su dimisión, y ha ahorrado al presidente del Gobierno tener que dar un paso al frente por el escándalo del máster para evitar la moción de censura que habría sacado al PP del gobierno de Madrid.

"Todos ustedes saben que yo he sido espiada, investigada, que se han hecho dossieres contra mi persona, y algunos circulan por las redacciones. Antes, mientras era delegada del Gobierno, y no sé si también mientras he sido presidenta", aseguró Cifuentes en la comparecencia en la que anunció su dimisión. Según fuentes del partido, la orden la dio el propio Rajoy: "Ha hecho lo que tenía que hacer" y lo que "era obligado en esta situación", dijo.

Un dolor de cabeza menos o, teniendo en cuenta el polvorín del partido en Madrid, uno más.