Los arquitectos solicitan como medida cautelar la suspensión del trámite de contratación hasta que se resuelvan sus alegaciones, según han informado a través de un comunicado.
Los arquitectos estiman que el expediente de contratación "debe ser anulado", puesto que el precio de licitación previsto en el pliego, 85.000 euros más IVA, no es adecuado para el "efectivo cumplimiento del contrato por no respetar el precio general de mercado". Así lo han asegurado aludiendo a la Ley de Contratos del Sector Público.
En este sentido, han explicado también que el Colegio ha examinado el pliego de condiciones económicas y administrativas donde se señala que el equipo de trabajo tendrá que estar compuesto por cinco arquitectos -un coordinador/arquitecto y cuatro arquitectos-, un historiador, un informático, y cinco personas como personal de apoyo -con titulación técnica-, solvencia técnica que los arquitectos consideran suficiente para la importancia del trabajo a desarrollar.
Además, el texto indica que el plazo de ejecución del contrato está estipulado en diez meses y que el adjudicatario está obligado a cumplir las disposiciones legales vigentes en materia laboral -seguridad social- y fiscal, "como no podía ser de otra manera", han apuntado desde el Colegio de Arquitectos de Málaga.
Por ello, la institución colegial entiende que el presupuesto base de licitación "no alcanza ni tan siquiera los costes laborales y de seguridad social del personal que es necesario para llevar a cabo el contrato".
Para llegar a dicha conclusión, el Colegio ha analizado el Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos de 2018 y ha calculado el gasto de personal para el adjudicatario durante los diez meses del contrato, han detallado.
De igual modo, los arquitectos consideran que de ejecutarse el contrato en el precio base de la licitación ofertada, se estaría obligando al adjudicatario a reducir los gastos de personal en más de un 50 por ciento, con lo que incumpliría con la legislación laboral vigente e incurriría en la comisión de un delito del artículo 311 apartado primero del Código Penal "al restringir derechos reconocidos a los trabajadores por un convenio colectivo".
Desde otro punto de vista "que es aún más grave", argumentan los arquitectos, con este precio base de licitación, el Ayuntamiento de Málaga "resta importancia a la redacción del catálogo, y por ende al Pepri", al pretender que se elaboren 1.700 fichas de edificios protegidos, con gran valor histórico-artístico para los malagueños, "por el escaso precio de licitación".
En este sentido, el trabajo a desarrollar sobre cada uno de los edificios, elementos y espacios protegidos incluye una investigación histórica, elaboración de planos, análisis tipológico o visita al lugar para la evaluación del estado de conservación, entre otras tareas.
"Haciendo una sencilla división podemos calcular el valor que el Ayuntamiento otorga a la labor a desempeñar para cada ficha, que tan sólo cubriría el desplazamiento para realizar una fotografía que, por otro lado, también es exigida en el trabajo a contratar", han concluido.
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