El Tribunal de Justicia de UE.
El Tribunal de Justicia de UE. ARCHIVO

El Tribunal General de Unión Europea (TGUE) ha mostrado este lunes en una sentencia la decisión de la Comisión Europea (CE) de negar la iniciativa ciudadana 'Uno de nosotros'. Dicha iniciativa pretende la prohibición y la no financiación de la UE a actividades que supongan la destrucción de embriones humanos.

En 2012, el Ejecutivo comunitario inscribió la iniciativa ciudadana 'Uno de nosotros', que pretende prohibir la financiación de actividades vinculadas con la investigación, el desarrollo y la salud pública que impliquen la destrucción de embriones humanos, incluyéndose la financiación directa o indirecta del aborto.

En mayo de 2014, la Comisión Europea resolvió no admitir medidas a favor de esta iniciativa ciudadana, que logró la reunión de más del millón de firmas requeridas a comienzos de ese año.

El TGUE acreditó este lunes, en una sentencia, la comunicación de la CE del año 2014, puesto que el gasto de la UE, incluido el realizado en los ámbitos de investigación, cooperación al desarollo y salud pública, acata la "dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona".

Además, añade que "la CE no incurrió en error manifiesto de apreciación", puesto que tuvo en cuenta los derechos fundamentales, además de las necesidades en el campo de la investigación, ya que "el estudio de células embrionarias puede servir para el tratamiento de enfermedades incurables o potencialmente mortales".

La Comisión demostró la conexión que hay entre los abortos de riesgo y la mortalidad materna. También expresó que la prohibición de la financiación del aborto en los países en desarollo limita la capacidad de la U.E. para lograr los objetivos de cooperación y desarollo, fundamentalmente, los ligados a la salud materna.

Dada la situación, el Tribunal General de la UE recordó este miércoles a los organizadores del programa que "el ejercicio del derecho de una iniciativa ciudadana no conlleva que la C.E. se vea obligada a presentar una propuesta de acto jurídico". 

Conforme el Tratado de los Veintiocho, un grupo de- al menos- un millón de ciudadanos de la UE, originario- como mínimo- de cuatro de los Estados miembros, puede tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea a que haga una propuesta legislativa, conocida como 'Iniciativa ciudadana europea'.