Según ha explicado Adif en una nota, dicho informe ha sido redactado por la consultora especializada Biocyma e incluye una serie de propuestas para solucionar los efectos que las expropiaciones de terrenos, entre las que se incluye el mantenimiento de la titularidad privada de un espacio de 7,5 hectáreas, por un lado, y limitaciones de uso a propietarios de terrenos agrícolas, por otro lado.

Con esto, se plantea mantener la titularidad privada de viviendas y entornos de servicio de las mismas con una limitación y regulación de usos en referencia a las posibles ampliaciones, modificaciones y reformas sobre su estado actual.

Asimismo, también se propone mantener la titularidad privada tanto de balsas de riego y viales sin asfaltar con una limitación y regulación de usos en referencia a las posibles ampliaciones, modificaciones y reformas sobre su estado actual; como de invernaderos con una limitación y regulación de usos en referencia a las posibles ampliaciones, modificaciones y reformas sobre su estado actual.

El resto del corredor donde el informe plantea la alternativa a la expropiación, corresponde a cultivos, donde se proponen limitaciones, regulaciones de uso y aprovechamientos basados en una agricultura tradicional de baja intensidad.

De manera complementaria, Adif ha entregado a la Junta de Andalucía un borrador de documento acreditativo de la concesión administrativa a favor de esta comunidad autónoma para la cesión de uso, mantenimiento y explotación del corredor ecológico entre la Sierra de Almagro y Sierra Almagrera, ubicado sobre terrenos de Adif AV, correspondientes a la línea del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, tramo Murcia-Almería.

Este documento recoge la cesión de las parcelas adquiridas por el promotor (Adif), a la Junta de Andalucía para su gestión en cumplimiento del objetivo de mejora del hábitat de la tortuga mora, que suman una superficie de unas 480 hectáreas, si bien Adif propone una reducción de la afección, que podría situar la superficie necesaria a expropiar en un mínimo de 323 hectáreas.

Será la Junta de Andalucía la que realice la valoración de las consideraciones derivadas del informe y su adecuación a los condicionantes establecidos en la DIA, así como el estudio y valoración del documento borrador para la formalización de la concesión administrativa propuesta.