Así lo recoge dicho decreto, al que ha accedido Europa Press y que se apoya, para adoptar tal resolución, en los "informes técnico y jurídico emitidos por el Servicio de Urbanismo" municipal, que cuestionan, por un lado, la seguridad del edificio en el que ahora se desarrolla dicha actividad de residencia de mayores, a la vez que se resalta el que la misma se lleva a cabo sin contar con las autorizaciones pertinentes.

Por eso, además del realojo de los residentes, Cantizani ordena, "igualmente a la Asociación Nueva Aurora que, tan pronto se dé cumplimento" al realojo de los residentes, "cese en el ejercicio de la citada actividad de residencia para personas mayores" en el actual inmueble.

También acuerda el primer teniente de alcalde "iniciar el procedimiento de protección de la legalidad urbanística" y, "a tal efecto, teniendo presente las consideraciones de los informes precedentes", dispone "requerir" a la citada asociación "para que, en el plazo de dos meses", proceda "a realizar las actuaciones necesarias a fin de adecuar a legislación vigente la actividad" de residencia de mayores.

Junto a ello y además de conceder a la titular de la residencia "el trámite de audiencia", por plazo de diez días, "durante el cual podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes", también acuerda el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento lucentino que se incoe "procedimiento sancionador" a la Asociación Nueva Aurora".

Por último, el decreto prevé que se dé cuenta del mismo a la Delegación Municipal de Servicios Sociales y Salud, a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz.