El juez Torres acusa a los empresarios encarcelados de cohecho por acceder al pago de sobornosAsciende a diez el número de imputados que cumplen prisión preventiva por su vinculación a la trama corrupta MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El juez Santiago Torres, encargado de la investigación contra la presunta red de tráfico ilegal de licencias, acusa a los empresarios encarcelados ayer de delitos de cohecho y prevaricación por acceder a los pagos exigidos a cambio de que se acelerase el expediente para la concesión de licencia de su local. Con estos encarcelados se eleva a diez el número total de personas que cumplen prisión preventiva por su implicación en la red corrupta. Los últimos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Angel García Jodar (técnico del Area de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo). De la primera fase, permanecen en la cárcel Ceballos, Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, Carmelo García Sánchez, ex funcionario de Urbanismo, y el empresario Santiago Castillo Morales. En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado decreta "prisión provisional, comunicada y sin fianza" de Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, propietarios de Agustinos y Proyectos S.L.. Al darse a conocer su situación, los imputados fueron trasladados al Centro Penitenciario Madrid V, en Soto del Real. Tras su declaración, enmarcadas en las diligencias previas 939/2007, se celebró una comparecencia en la que el fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción número 32, César Estirado, solicitó para ellos medidas restrictivas de libertad, sin fianza, por la existencia de indicios de su vinculación a la trama corrupta. López y Agustinos se encontraban huidos de la Justicia desde el pasado 27 de diciembre, fecha en la que se activó la segunda fase de la operación 'Guateque'. En la mañana de ayer, se presentaron voluntariamente en las dependencias de la Guardia Civil de la calle de la Batalla del Salado, donde los agentes procedieron a su detención. Tras ello, fueron trasladados hasta los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla para declarar. Los encarcelados se encontraban en paradero desconocido desde el 27 de diciembre, aunque Torres había ordenado su busca y captura el día 15 de ese mes después de no comparecer en las dependencias judiciales, una de las medidas que fueron acordadas para su puesta en libertad. PAGOS A CEBALLOS El magistrado les interrogó como imputados a finales de noviembre. En su declaración, admitieron que habían pagado al supuesto cerebro de la trama Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto Medioambiental, a fin de que agilizara las licencias de sus locales. Pese a sus confesiones, Torres les dejó en libertad, pero con la obligación de comparecencias quincenales. El pasado 15 de diciembre, los imputados no comparecieron en el Juzgado, por lo que el magistrado ordenó su detención, enmarcada ya en el desarrollo de la segunda fase del operativo.