La cámara ha aprobado, en sus términos, una proposición no de ley del Grupo del PAR, que han apoyado PSOE, Podemos y CHA, votando en contra PP y Ciudadanos.

Ha defendido la iniciativa la portavoz adjunta del PAR, María Herrero, quien ha apelado a la Historia y el amor a Aragón para pedir el apoyo unánime del Parlamento, en el marco de la celebración, el 23 de abril, del Día de la Comunidad Autónoma.

Ha dejado claro que la aplicación del artículo 108 del Estatuto no significa "renuncia alguna" a la posibilidad que la disposición adicional tercera brinda. Es "una cuestión de fuero, de identidad, una prueba de aragonesismo", ha aseverado, observando que, en virtud de un precepto legal similar, País Vasco y Navarra cuentan con un sistema de financiación propio.

"NO SOMOS IGUALES"

Herrero ha recordado que, en 1990 y 1992, los proyectos de reforma del Estatuto mencionaban la implantación de un régimen de concierto o pacto, como también en 1994, aunque el texto definitivo aprobado en 1996 se manifestaba "con otras palabras y renunciaba a ese cupo". Además, en 1996 las Cortes aprobaron una resolución que reservaba a la Comunidad la creación de una Hacienda foral propia.

"No somos una Comunidad de tercera", ha dicho la portavoz adjunta del PAR, quien ha rechazado el "café para todos" porque "todos no somos iguales", sin defender "ni privilegios ni asimetrías".

El diputado del PSOE Alfredo Sancho ha dicho que la Hacienda foral propia está "implícitamente contemplada" en el espíritu de la disposición adicional tercera, aunque no explícitamente. Ha dicho que el artículo 108 tiene "especial relevancia".

Desde Podemos, Marta de Santos ha recordado que el PAR ha gobernado durante casi tres décadas y ha señalado que el objetivo de Podemos no es una Hacienda propia, sino "asegurar que los aragoneses mejoran en sus vidas y que las Administraciones aragonesas pueden trabajar más y mejor por mejorar las vidas de los aragoneses", emplazando a tomar medidas "útiles".

El diputado de CHA-Grupo Mixto Gregorio Briz ha considerado que el discurso aragonesista "se debería oír más en esta casa" y ha defendido un planteamiento "de fuero y de pueblo", que Chunta "tiene en su ADN".

Al respecto, la diputada del PP Yolanda Vallés ha rechazado "una España con un sistema diferente para cada autonomía" y ha reivindicado los principios constitucionales de solidaridad entre territorios y autonomía, llamando a "unificar" la financiación autonómica armonizándola, siempre teniendo en cuenta las "especiales circunstancias" de Aragón.

El portavoz adjunto del Cs, Javier Martínez, ha asegurado que "sentirse aragonés de pura cepa no significa tener que reivindicar más autonomía" y que "trabajar por Aragón no tiene que ver con sentimientos identitarios".

VIVIENDA

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado una proposición no de ley de Podemos para impulsar el parque público de viviendas y facilitar con otras medidas el acceso a la misma, iniciativa que ha defendido el diputado Raúl Gay y que han votado a favor el PSOE y el Grupo Mixto, absteniéndose el PP y Ciudadanos y con el voto en contra del PAR. Ha enmendado la iniciativa CHA.

De esta forma, las Cortes han instado al Gobierno regional a establecer un plan para incrementar el parque público de viviendas en alquiler con el objetivo de alcanzar los niveles medios de viviendas públicas disponibles en el resto de países de la Unión Europea que registran porcentajes de vivienda social de entre el 17 y el 32%.

Asimismo, han instado al Gobierno de España a posibilitar que los municipios que acrediten fuertes incrementos de precios de alquiler puedan regular estos alquileres abusivos; hacer efectivas las recomendaciones de la ONU sobre vivienda; favorecer que, en los procesos de desahucio judicial, los demandados puedan presentar un recurso para que el juez pueda evaluar la vulnerabilidad y modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Arrendamientos Urbanos para garantizar la tutela judicial efectiva y prohibir el desalojo sin alternativa habitacional.

También, prohibir todos los desahucios para personas y familias sin alternativa habitacional; luchar contra el "acaparamiento" de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de vivienda; promover acuerdos con la SAREB y entidades bancarias para la cesión de viviendas con fines de alquiler social; obligar a los grandes tenedores de vivienda a garantizar el alquiler social en favor de familias vulnerables y establecer una línea de crédito en el ICO para la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.

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