por presunta malversación y prevaricación, contra el exalcalde socialista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y actual diputado en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones, como consecuencia de la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM).

El archivo de la causa, según señala Cornejo en un comunicado, "deja patente la honestidad de Gutiérrez Limones y demuestra una vez más el uso y el abuso que de este tipo de casos hace una oposición absolutamente irresponsable y negligente del Partido Popular", pues la investigación arrancó de una denuncia promovida en bloque el pasado mandato por el conjunto de las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño.

"Tras más de cinco años sometido injustamente al juicio de la opinión pública, quedan ahora despejadas cualquier duda sobre la honradez de Antonio Gutiérrez Limones, quien sin embargo ya no podrá verse desagraviado ante las infamias y mentiras que se sembraron respecto a su gestión al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira", ha continuado el responsable de Organización de los socialistas andaluces.

Para Cornejo, "la oposición ha convertido en un procedimiento común la judicialización de la política, saltándose sin pudor la presunción de inocencia que debe prevalecer en un Estado de Derecho, e instrumentalizando los procesos judiciales como parte de sus vacíos argumentarios políticos". Y es que, ha continuado, "cuando no se tiene estrategia ni proyecto político se recurre a este tipo de actuaciones absolutamente reprobables".

Juan Cornejo ha subrayado así que los socialistas andaluces siempre han confiado en que la Justicia aclararía las graves acusaciones vertidas sobre el diputado Gutiérrez Limones y le terminaría "dando la razón". "No obstante, lamentamos el comportamiento del Partido Popular en este asunto y le exigimos, aunque sea a destiempo, una rectificación y una disculpa con nuestro compañero Antonio Gutiérrez Limones y con su familia por el daño irreparable que le han causado", ha concluido.

ARCHIVADO EL CASO RESPECTO A LIMONES

La decisión de archivar la causa respecto a Gutiérrez Limones, quien como diputado por Sevilla en el Congreso goza de la condición de aforado, ha contado con el respaldo expreso de la Fiscalía, toda vez que con relación al presunto delito de malversación de caudales públicos por el supuesto pago por ACM de actividades privadas del entonces alcalde por importe de 976 euros, el magistrado del Supremo encargado del caso explica que "está prescrito", al ser el periodo de prescripción de tres años.

Por esto, y según el Supremo, se ha excedido "con creces" dicho periodo entre la última de las facturas investigadas, de julio de 2007, y la incoación de la causa en noviembre de 2017.

Por otro lado, el juez manifiesta que "tiene dudas" de que existiese la desviación de fondos públicos y que los pagos no se realizasen en realidad por el propio alcalde con dinero de su cuenta corriente, como su defensa sostuvo en la causa.

En cuanto al delito de prevaricación por omisión, el juez instructor "no aprecia" en Gutiérrez Limones una "voluntad permanente en el tiempo" de impedir el control de la empresa municipal de la ACM o no adoptar las medidas adecuadas contra las actividades presuntamente delictivas desarrolladas en el seno de dicha empresa.

Sobre esto, el TS no aprecia la voluntad de impedir controles por parte del diputado socialista, ya que el alcalde "sólo recibió una petición en esa materia" del interventor y "no puede entenderse que las irregularidades fuesen un hecho notorio", no perteneciendo Gutiérrez Limones al Consejo Rector de ACM.

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