En una comparecencia ante el pleno del Parlamento autonómico, solicitada por el PP, Guillén ha reconocido que va a ser un "reto difícil" y ha vaticinado que habrá problemas, "somos conscientes, pero los solucionaremos". Según ha detallado, tras el inicio esta semana en Barbastro, Boltaña y Monzón, se extenderá después por el resto de la provincia de Huesca, le seguirá Teruel y después Zaragoza.

"No tenemos que tener prisa, sino la seguridad de que lo que hagamos sea eficaz y funcione en el futuro", ha esgrimido el consejero, que ha anunciado que va a haber más formación a los profesionales, tras la petición de los trabajadores transmitida por los diputados, para aclarar que "en cada juzgado existe una persona de la empresa para ir resolviendo los problemas que se suscitan en el día a día".

Según ha expuesto, el Gobierno de Aragón ha impulsado este nuevo sistema para lograr una gestión "más ágil y eficaz", tras los problemas del impulsado desde el Ejecutivo central, Minerva, y de que el desarrollo de uno nuevo por parte del Ministerio de Justicia "vaya a tardar cuatro años más", cuando "no podíamos esperar".

Guillén ha comentado que Avantius se eligió tras "estudiar todos" los existentes en España y ha recordado que su elección cuenta con el apoyo de los operadores judiciales y funcionarios. Además, "está testado en otras Comunidades que funciona" y va a suponer un ahorro de 600.000 euros, ha agregado.

MIGRACIÓN DE DATOS

El consejero ha explicado que se ha comenzado a implantar en juzgados que tienen un menor volumen de casos de forma piloto para ir adquiriendo experiencia cuando llegue a la ciudad de Zaragoza. Ha reconocido, asimismo, que "tenemos un problema con la migración de datos", pero "estamos intentando solventarla y hacerlo durante el fin de semana desde el viernes por la tarde", cuando ya no están los trabajadores.

Ha añadido que Avantius es compatible con Lexnet, sistema de gestión de notificaciones telemáticas desde los juzgados a abogados y procuradores, "solo con que el Ministerio de Justicia lo homologase", algo que pidió al ministro en septiembre del año pasado, pero todavía "no lo ha hecho", si bien también el portal de servicios públicos que lleva integrado Avantius permite el acceso a abogados y procuradores, ha apostillado.

El diputado del PP, Fernando Ledesma, ha criticado que "hoy por hoy no es compatible con el sistema Lexnet" y por ahora no está garantizado que "reduzca el papel", para opinar que "Aragón es una isla en la Administración de Justicia" con Avantius y comentar que se dijo que la cesión por parte de Navarra de este sistema iba a ser gratuita, pero luego ha habido que aportar 2,5 millones de euros y otros 2,5 a Microsoft por las licencias.

La diputada del PSOE, Isabel García, ha comentado que la decisión del Gobierno autonómico "no ha sido estar dentro o fuera de un sistema común, sino buscar soluciones, que creo que es lo que no le ha gustado al PP", tras "los continuos fallos del programa impulsado por el Ministerio de Justicia y su incapacidad para resolverlo", y se ha hecho "teniendo en cuenta a los operadores judiciales", logrando un sistema "seguro y mucho más barato" ya que se ahorran 600.000 euros

anuales.

FALLOS

La parlamentaria de Podemos, Maru Díaz, ha sostenido que Minerva ha tenido "fallos garrafales" y Lexnet "fallos de seguridad que no ha reconocido nadie", para esgrimir que la información que ha recabado su grupo es que los operadores "están contentos", si bien "se quejan por la formación" y de que no toda la información "está migrada al nuevo sistema".

El diputado del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, se ha interesado por la formación a los trabajadores dentro del horario laboral, por si existen mecanismos de evaluación que permitan constatar que el nuevo sistema "agiliza procesos" y logra el papel cero, al tiempo que ha querido saber "cuándo puede estar adaptado" en toda la Comunidad.

El parlamentario de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha considerado que 2,5 millones de euros "será poco si se consigue un sistema que funcione, tras la fracaso de Minerva y Lexnet" y ha formulado varias preguntas al consejero para conocer cómo se realiza el paso de un sistema a otro, la transmisión de datos, la formación a los funcionarios y si hay un soporte técnico.

La diputada de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, ha opinado que el PP "puede recriminar poco" tras el "fracaso" de Minerva, y después de "imponer" una ley para lograr el objetivo de papel cero, "que comparto", pero "sin dar tiempo a las Comunidad autónomas" a implantarla. "Entiendo que habrá formación para todos los operadores de justicia", ha añadido.