Juicio contra los exalcaldes de La Tahá
Juicio contra los exalcaldes de La Tahá EUROPA PRESS

Para la exregidora y el exsecretario solicita la pena de cinco años y nueve meses de prisión; nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 7.200 euros. Para el exedil, pide una condena de cuatro años y diez meses de prisión y multa de 5.040 euros.

La causa gira en torno a presuntas irregularidades relacionadas con las renovaciones de la póliza del crédito que solicitó el Ayuntamiento para hacer frente al pago de la construcción de un instituto y que provocaron una "deuda inasumible" para las arcas públicas.

Los hechos se remontan a 2004, año en el que la Junta y el consistorio firmaron el acuerdo para la creación del centro con un presupuesto de 1,89 millones de euros, cuya financiación sería asumida íntegramente por el Gobierno andaluz.

En la primera sesión del juicio, el exsecretario admitió irregularidades en relación a las renovaciones del crédito, reconociendo que se llevaron a cabo porque el dinero "se había gastado antes", y pese a que generaron intereses "inasumibles" para las arcas públicas.

La Fiscalía no ha acusado al otro exregidor que se ha sentado en el banquillo de los acusados, José Jesús García Aragón (PSOE), pero sí han formulado cargos contra él las dos acusaciones particulares personadas en la causa. Por una parte está el Ayuntamiento de La Tahá, ahora gobernado por el PP, que ha mantenido su petición de ocho años de prisión y nueve de inhabilitación para él.

El consistorio también pide penas de cárcel e inhabilitación para el resto de los acusados, al igual que la acusación ejercida conjuntamente por tres asociaciones, cuyo letrado, José María Ruiz Castillo, ha informado a Europa Press de que también ha mantenido su acusación inicial.

Los dos exalcaldes declararon que toda la documentación fue tramitada por el secretario municipal, que les asesoraba en la gestión y en él confiaban como garante de la legalidad. Rosario Fernández reconoció que cuando se le presentaba mucha documentación "no leía" ni "sabía" prácticamente de que se trababa, puesto que le presentaban una "carpeta con pósit" y su única "cautela" era comprobar que estaba la rúbrica del secretario para así firmar ella también.

Así, dijo que no fue consciente de haber firmado las tres renovaciones de póliza que la Fiscalía pone en cuestión; una de las cuales se formalizó por un importe que triplicaba lo acordado por el pleno y las otras a "espaldas" del mismo o con documentación falseada, según la versión del fiscal.

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