Médicos que solo pueden dedicar de 1 a 3 minutos a cada consulta, enfermeros saturados, agujas de peor calidad que hacen más dolorosa la prueba de la diabetes, pacientes que deben elegir entre comprar medicinas o alimentos y otros que esperan el doble de tiempo para cirugía que en 2010. Son solo algunos de los efectos de los recortes en la sanidad pública española detectados en una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional.

A partir de 240 entrevistas a personal sanitario, usuarios y expertos en salud pública, el informe La receta equivocada: el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España concluye que los recortes "han tenido un impacto devastador en algunas de las personas económicamente más vulnerables y marginadas de la sociedad, han provocado listas de espera insoportablemente largas y han obligado a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes".

"Es de una crueldad casi insoportable" porque afecta a la asistencia de las personas "más vulnerables", dice uno de los médicos citados en el informe. Amnistía va un paso más allá y considera que las medidas de austeridad del Gobierno, en especial el Real Decreto de 2012, vulneran sus obligaciones en materia de derechos humanos.

"Hablamos con pacientes de cáncer que no pueden permitirse los medicamentos que necesitan para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, y con personas con enfermedades mentales cuya asistencia se ha visto gravemente restringida. Estos recortes no solo son regresivos: son crueles", ha dicho en la presentación del informe su autora, Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional.

La investigación asegura que los recortes en el gasto en atención sanitaria comenzaron en 2009, pero el punto de mira lo pone el informe en el Real Decreto de 2012. Dicha regulación incluía el traslado del coste de determinados productos sanitarios a los pacientes, la limitación de la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular (una exclusión sanitaria que ha elevado la mortalidad un 15% en este colectivo entre 2012 y 2015, según otro estudio reciente) y recortar el gasto en personal sanitario, material e infraestructura.

Amnistía habló con más de un centenar de usuarios del sistema público de salud, con sus familias y las personas que los atienden. Unos les contaron que ahora dependen de familiares para pagar su atención sanitaria y otros, que se han visto obligados a elegir qué medicamentos necesitan más. Es el caso de V., un hombre con discapacidad física, que describió cómo hay veces en las que tiene que decidir si compra medicamentos o comida. "No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas o me suicido [a causa del dolor], así que, si tengo que matarme de hambre, lo hago, porque tengo que comprar las medicinas".

El informe denuncia que muchas personas como V., con enfermedades crónicas, han tenido dificultades por la eliminación de más de 400 medicamentos de la financiación pública. "Aunque las sumas en cuestión pueden no parecer altas, para las personas con rentas bajas pueden resultar devastadoras". El copago se ha incrementado entre el 10% y el 20%, según ingresos, y los que antes no pagaban (los pensionistas) ahora sí deben hacerlo, hasta un tope mensual. El copago se ha extendido de los medicamentos a otros servicios como el transporte sanitario no urgente, los productos dietéticos y ciertas prestaciones ortoprotésicas.

Los recortes del gasto sanitario han provocado que los profesionales tengan "salarios más bajos, malas condiciones laborales y contratos inseguros", asegura el informe. Amnistía cifra en 28.500 los empleos que se perdieron entre 2012 y 2014 y el hecho de que posteriores ampliaciones de personal no hayan logrado recuperar en 2017 (490.509) la plantilla de 2012 (505.185).

Un enfermero le contó a Amnistía que conocía a compañeros que dejaron su puesto por estrés. "Muchos atienden hasta 33 casos complejos al día. Tuvieron que dejarlo porque les resultaba imposible". Varios dijeron que la presión a la que los sometían para cumplir los complementos económicos limitan, por ejemplo, la cantidad de tiempo que deben dedicar a cada paciente, de entre 1 a 3 minutos. Un paciente aseguró a Amnistía que su médico le dijo: "Le tengo que recetar un medicamento caro, pero me van a llamar la atención por ello".

La carga de trabajo insostenible está afectando a la calidad asistencial, según Amnistía, y los profesionales "se sienten impotentes, explotados y desilusionados con el sistema".

El tiempo medio de espera para una cirugía que no requiere urgencia vital era en el año 2010 de 65 días, pero en 2016 (último dato oficial disponible) casi se había duplicado, hasta los 115 días. La dilatación de las listas de espera fue una constante en las entrevistas que conforman la investigación.

M., una mujer de 49 años y con una enfermedad ósea degenerativa, acudió al médico con dolor en una pierna en agosto de 2017. Según le contó a Amnistía, la primera cita disponible con su especialista era para junio de 2018, por lo que M. aún depende de los analgésicos y sigue "nerviosa" por su problema.

Los servicios de salud mental también se vieron afectados, en ocasiones con tiempos de espera que aumentaron hasta alcanzar los seis meses, para mayor ansiedad de los pacientes, denuncia la organización.

La calidad del material médico también se ha deteriorado desde la crisis, según se desprende de la investigación. El personal de enfermería destacó que la calidad inferior de las agujas para las pruebas de diabetes hace que estas resulten más dolorosas. Además, usuarios de sillas de ruedas afirmaron que la calidad de estas había empeorado.