El grupo parlamentario socialista presentó este jueves un escrito a la Mesa del Congreso en el que reclama que el órgano de gobierno de la Cámara Baja revise todos los vetos que el Gobierno ha impuesto a proposiciones de ley de la oposición por motivos económicos, después de que esta semana el Tribunal Constitucional pusiera límites a esa facultad de bloqueo del Ejecutivo.

En concreto, los socialistas piden que la Mesa reconsidere los acuerdos en los que aceptó mantener ese veto del Gobierno. En esa órgano, el PP tiene tres votos, y PSOE, Podemos y Ciudadanos, dos cada uno. Así pues, los votos del partido de Albert Rivera, que hasta ahora ha venido apoyando a los conservadores, resultarán clave para determinar si se levantan o no los vetos.

Además de revisar todos los casos, el PSOE pide expresamente que se permita la tramitación de 11 proposiciones de ley del PSOE. Entre ellas hay iniciativas para universalizar la asistencia sanitaria, suprimir las tasas judiciales, incrementar las pensiones de acuerdo al IPC y mejorar las de viudedad, rebajar el IVA cultural, y mejorar las ayudas a las víctimas del franquismo, entre otras materias.

"Queremos que se vuelvan a reconsiderar las proposiciones de ley vetadas por el Gobierno con apoyo de Cs", dijo Robles este jueves en los pasillos del Congreso, convencida de que la sentencia de ayer del TC "puede suponer un punto y aparte y dinamizar la vida parlamentaria tan decaída".

El Gobierno ha vetado más de 50 proposiciones de ley de la oposición en lo que va de legislatura con el argumento de que supondrían un incremento del gasto o una reducción de los ingresos, y amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que el TC no había entrado a interpretar hasta esta semana. En una resolución, el tribunal de garantías estableció dos límites a esa capacidad de bloquear iniciativas: el Gobierno debe explicar a qué partidas presupuestarias concretas afecta la proposición vetada y, sobre todo, el Ejecutivo solo puede vetar iniciativas que afecten a un presupuesto ya aprobado.

El razonamiento del tribunal en este punto es sencillo: una vez las cuentas anuales están aprobadas por el Congreso -o se han prorrogado las anteriores-, el Gobierno debe tener capacidad de veto sobre las iniciativas que puedan alterar los ingresos o los gastos para que "las previsiones económicas contenidas en los presupuestos se observen rigurosamente en el curso de su ejecución" y no se "altere el equilibrio" de las cuentas. Sin embargo, conceder al Gobierno poder de veto sobre cualquier ley con el mero argumento de que los ingresos del Estado se verían mermados en el futuro o en que los gastos subirían sería tanto como establecer "un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución".

Tras conocer el fallo, la portavoz socialista, Margarita Robles, dijo que "la resolución del TC es un golpe duro al Gobierno de Rajoy" que "permitirá que en esta legislatura no haya un veto sistemático al trámite parlamentario". "Para el Gobierno de Rajoy es un correctivo muy importante que el TC le haya dicho que no tiene razón" ahondó. Robles, además, pidió a Cs que "dé explicaciones" de forma clara por "haber apoyado esa política de vetos del PP".