La sentencia, que absuelve al hombre del delito de hurto del que era acusado, le prohíbe acercarse a la mujer a menos de 300 metros de su domicilio o lugar de trabajo y de comunicarse con ella por un periodo de cinco años y le obliga a indemnizarla con 3.000 euros por daño moral.

El acusado había convivido durante siete años con su pareja, con la que tuvo un hijo. En 2014 cesó la convivencia y se hizo cargo del menor su padre, no manteniendo la madre contacto alguno con el niño hasta que dos años después acordaron establecer un régimen de visitas que se desarrollaba los fines de semana que le correspondía a la mujer estar con su hijo en un bajo del que disponía el procesado en Castellón y donde pernoctaba.

Según la sentencia, ambos progenitores durante dicho tiempo mantuvieron una relación de sexo mutuamente consentida pero sin reanudar la convivencia. El día 8 de julio de 2016 la mujer fue a recoger a su hijo, cuando el acusado bajó al portal pero sin el menor y ambos se dirigieron hacia el bajo para tratar ciertos temas relacionados con el pago de la pensión alimenticia y el menor.

Una vez allí, mantuvieron una discusión a consecuencia de que la mujer adeudaba al acusado las pensiones alimenticias y gastos extraordinarios a cuyo pago se había comprometido. El procesado, como represalia, se negó a entregarle al menor, a lo que ella respondió que si no se lo entregaba, se marchaba y se dirigió hacia la puerta.

En ese momento, el acusado se abalanzó sobre su expareja, le impidió el paso y la agarró fuertemente por los brazos, evitando su salida del local. Como consecuencia del forcejeo, le rompió la camisa negra que llevaba puesta y la empujó sobre el sofá.

Posteriormente, el hombre cogió una navaja con la que amenazó a la mujer, por lo que la víctima, "presa del pánico", se tumbó en el sofá y el acusado la agredió sexualmente pese a su oposición. Una vez finalizó la agresión sexual, el procesado retuvo algunos objetos propiedad de la mujer y los dejó en un bar para que los recogiera ella.