Durante la primera sesión, las partes han expuesto ante un jurado conformado por cinco mujeres y cuatro hombres sus funciones y han efectuado un primer alegato de sus pretensiones en la vista oral en la que la acusación particular ha remarcado su papel en el proceso en representación de los familiares de las víctimas y ha justificado su calificación al considerar que tanto Juan Andrés T.G., quien disparó el arma contra su tío, como su hermano Pedro T.G., quien lo "animaba y azuzaba", tienen la misma responsabilidad.

En este sentido, la acusación particular ejercida por la letrada Josefa Ramos ha recalcado que tanto el fallecido como su hijo, quien habría salvado la vida después de que el arma se encasquillara, "no tuvieron posibilidad de defensa" ante unos hechos para los que actuaron "de común acuerdo" y en los que uno ejecutó el disparo y el otro "colaboró y ayudó".

Bajo esta versión, sostiene la representación particular que se produjo un delito de asesinato consumado, por el que reclama 22 años de cárcel a cada uno, y otro de asesinato en tentativa por el que interesa en concreto 14 años y nueve meses de prisión más en comparación con el homicidio en tentativa que observa la Fiscalía y por el que solo añade ocho años de cárcel.

Asimismo, la acusación particular también pide seis años por un doble delito de tenencia ilícita de armas tras ser encontradas diferentes pistolas en posesión de los encausados aunque su dueño carecía de licencia; un hecho que ha sido reconocido como "patente" y "notorio" por la defensa, para quien este aspecto constituye un hecho "sancionable".

La defensa ejercida por el abogado Juan Marfil ha admitido que tras la pelea que se dio entre las víctimas y los dos hermanos el día de los hechos, estos volvieron a su coche para posteriormente regresar Juan Andrés T.G. a la vivienda sus parientes con una pistola "sin conocimiento" del otro acusado y con el único fin de "atemorizar" a su tío, si bien en el transcurso de una nueva pelea el arma se habría "disparado accidentalmente" hiriendo mortalmente a la víctima sin que, según la defensa, ni siquiera el acusado se percatara de ello.

El letrado, quien interesa la libre absolución en primer término para sus representados y subsidiariamente penas por homicidio, ha llamado también la atención sobre las circunstancias de "amenazas" que sufrían los procesados, uno de los cuales además recibe tratamiento psiquiátrico y presentaba adicciones a las drogas en el momento de los hechos a raíz de un accidente laboral por el que perdió un ojo, según ha relatado, a la hora de explicar como estas cuestiones pueden afectar a la "capacidad de asimilar la realidad" de una persona.

"ESTO NO PUEDE SER UN CIRCO"

El abogado de la defensa se ha unido a las palabras de la fiscal en sala para solicitar al jurado "capacidad crítica" a la hora de evaluar las testificales y la práctica de prueba en lugar de atender a otras cuestiones que busquen "ablandar el corazón", sentido en el que ha aludido a la foto del fallecido que los familiares lucían en sus camisetas y de la que han tenido que despojarse antes de entrar a sala.

"Esto no puede ser un circo, para eso tenemos la Feria de Sevilla", ha manifestado el letrado, quien también ha criticado que se llame a declarar como testigo a un hijo del fallecido que sufre una discapacidad intelectual del 84 por ciento con el fin de que a los miembros del jurado "el corazón se les vuelva hiriente" hacia los acusados, según han sido sus manifestaciones que han provocado un cierto murmullo de malestar en la sala.

Con esto, ha ensalzado la acción del jurado popular que actuó en el caso del crimen de Almonte (Huelva) y que declaró no culpable al único procesado por estos hechos porque "no había prueba determinante". "La representante de la Fiscalía les ha pedido espíritu crítico y comparto eso. Hagan análisis, tengan sentido común y pónganse en ese escenario. Quien va a juzgar los hechos no es la presidenta, son ustedes", les ha recordado.

Los acusados, a quienes la fiscalía pide en total penas individuales que suman 32 años y seis meses de prisión así como un alejamiento de 20 años hacia los familiares del fallecido y una indemnización de 483.421 euros, iniciarán su declaración este miércoles en la segunda jornada del juicio que tiene programadas ocho sesiones.