Varapalo del Tribunal Constitucional (TC) al Gobierno de Mariano Rajoy. El Pleno del tribunal de garantías desestimó este martes, por unanimidad, un conflicto de atribuciones del Ejecutivo contra la decisión de la Mesa del Congreso de levantar el veto a la tramitación de una proposición de ley por motivos económicos. En síntesis, la resolución del TC limita esa facultad de veto, con la que el Gobierno ha paralizado más de 50 propuestas de la oposición esta legislatura, y establece que solo puede impedir que se tramiten normas que afecten a ingresos o gastos recogidos en el presupuesto vigente, y siempre que lo haga de forma motivada. El Ejecutivo, sin embargo, no puede vetar iniciativas que se refieran a presupuestos futuros. El TC, además, reconoce a la Mesa la capacidad de levantar los vetos insuficientemente justificados.

Para comprender la trascendencia de la línea marcada por el Constitucional, es necesario repasar el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Así, cuando la oposición presenta una proposición de ley, el Ejecutivo dispone de un mes para oponerse a que se tramite. Si presenta el veto, la iniciativa ni siquiera llega a debatirse (y mucho menos a aprobarse). Gobierno y oposición llevan toda la legislatura peleándose en torno a dos cuestiones fundamentales: si la Mesa del Congreso puede levantar esos vetos, y si el Ejecutivo puede vetar cualquier iniciativa que suponga un aumento del gasto, incluso si se trata de una hipótesis a futuro.

El Constitucional, con su resolución de este martes [ver en PDF], da la razón a la oposición en ambas cuestiones. Sobre la primera de las dudas, el poder de la Mesa, establece que el órgano de gobierno de la Cámara puede levantar el veto del Gobierno. "La Mesa podrá rechazar la falta de conformidad [veto] del Ejecutivo en aquellos casos en los cuáles el Gobierno no haya concretado la afectación al Presupuesto", apunta el TC, que razona que "cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de suponer un incremento de gasto o una disminución de ingresos", por lo que el Gobierno "debe justificar la forma explícita", citando incluso las partidas concretas que se verían afectadas, la conexión "directa e inmediata" entre la norma vetada y el presupuesto, en lugar de plantear "una mera hipótesis".

Pero el TC va más allá. Con su resolución de este martes no solo le exige al Gobierno que justifique y razone cada negativa a tramitar proposiciones de la oposición: también le advierte de que solo puede ejercer el veto sobre aquellas medidas "que incidan directamente sobre el presupuesto aprobado", esto es, sobre los presupuestos en vigor, y no sobre presupuestos de años futuros. El razonamiento del tribunal en este punto es sencillo: una vez las cuentas anuales están aprobadas por el Congreso -o se han prorrogado las anteriores-, el Gobierno debe tener capacidad de veto sobre las iniciativas que puedan alterar los ingresos o los gastos para que "las previsiones económicas contenidas en los presupuestos se observen rigurosamente en el curso de su ejecución" y no se "altere el equilibrio" de las cuentas.

Sin embargo, conceder al Gobierno poder de veto sobre cualquier ley con el mero argumento de que los ingresos del Estado se verían mermados en el futuro o en que los gastos subirían sería tanto como establecer "un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución". La oposición, muy especialmente el PSOE y también Unidos Podemos, lleva toda la legislatura denunciando que el Gobierno empleaba su facultad de veto para gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Cs, por su parte, había apoyado en la Mesa del Congreso todos los vetos del Gobierno salvo dos, que aceptó levantar, y se negaba a anular más con el argumento de que el TC tenía pendiente pronunciarse sobre esta materia.

Precisamente ha sido uno de esas dos ocasiones en las que Cs dejó solo al PP -y decidió alinearse con PSOE y Unidos Podemos para anular un veto- la que ha provocado el pronunciamiento del TC este martes. La cronología del caso fue la siguiente. En octubre de 2016, el Gobierno vetó una proposición de ley del PSOE que pedía suspender el calendario de implantación de la LOMCE. El Ejecutivo justificó su rechazo a tramitarla en que podría producirse una "pérdida eventual" de ingresos procedentes de fondos europeos. Los tres partidos citados consideraron insuficiente el argumento, y revirtieron el veto, por lo que prosiguió la tramitación de la norma. El Gobierno, considerando vulnerado su derecho a vetar leyes de la oposición, recurrió la decisión de la Mesa al Constitucional, que ahora la ha avalado plenamente.

La satisfacción del PSOE era evidente este martes en los pasillos del Congreso. La portavoz socialista en la Cámara Baja, Margarita Robles, señaló que "la resolución del TC es un golpe duro al Gobierno de Rajoy" que "permitirá que en esta legislatura no haya un veto sistemático al trámite parlamentario". "Para el Gobierno de Rajoy es un correctivo muy importante que el TC le haya dicho que no tiene razón" ahondó. Robles, además, pidió a Cs que "dé explicaciones" de forma clara por "haber apoyado esa política de vetos del PP". En la Mesa del Congreso el PP tiene tres votos, y PSOE, Unidos Podemos y Cs tienen dos cada uno, por lo que los votos naranjas serán determinantes para levantar en el futuro vetos del Gobierno.

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, subrayó por su parte que el Congreso podrá ir en contra del criterio del Gobierno, y manifestó su deseo de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y Albert Rivera, líder de Cs, no sigan "impidiendo" debates como la actualización de las pensiones conforme al IPC. "No nos cabe duda de que con la sentencia podremos proceder a ese debate", dijo. Melisa Rodríguez, diputada de Cs, afirmó por su parte que la resolución da un "tirón de orejas" a Rajoy para que no vuelva a "extralimitarse" en sus funciones, y sostuvo que el fallo "da la razón" a Cs, porque no es lo mismo frenar una ley que afecta a los presupuestos como otra que no afecta.

El Gobierno y el PP restaron importancia a la resolución. Fuentes del Ejecutivo que cita la Agencia EFE subrayaron que la sentencia del TC no cuestiona su derecho de acogerse a este precepto constitucional. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijo en los pasillos del Congreso que esta resolución "nada tiene que ver con otras leyes que ha vetado el Gobierno que tienen un coste presupuestario", remarcó. Este mismo martes, de hecho, PP y Cs apoyaron dos vetos del Gobierno a una proposición sobre la ley de aguas y a otra sobre discapacidad. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha vetado más de 50 iniciativas, entre las que figuran proposiciones de ley para subir el salario mínimo, aumentar las pensiones o reducir las tasas judiciales, entre otras cuestiones.