La posible conducta anticompetitiva consistiría en la decisión de difundir entre determinados organismos públicos y operadores económicos una serie de comunicaciones por las que "se trataría de impedir la contratación de otros técnicos, que no sean arquitectos o arquitectos técnicos, para actuar como coordinadores de seguridad y salud", tratando de difundir "la existencia de una reserva de actividad para esa función".

La Agencia de Defensa de la Competencia explica, a través de un comunicado, que los hechos comenzaron a investigarse cuando se tuvo conocimiento de la realización de dicha práctica tras la presentación de una denuncia.

De la información recabada durante la investigación, la agencia deduce que "existen indicios racionales" sobre la realización por parte del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga de "conductas que serían contrarias" a la ley.

Según asegura el organismo, la ley prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional". Por incumplimiento de esto, el procedimiento sancionador se fija en dieciocho meses la duración máxima del mismo.

La agencia andaluza informa, además, de que el Departamento de Investigación, en la actual fase de instrucción, podrá llevar a la práctica "cuantas acciones considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la eventual determinación de responsabilidades".

Terminada la fase de instrucción, aclara el organismo, el procedimiento finaliza con la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que en caso de considerar acreditada la existencia de prácticas prohibidas determinaría la sanción del presunto infractor. En caso contrario, se archivarían las actuaciones.

Por último, insiste en que debe subrayarse que la incoación del expediente sancionador "no prejuzga el resultado final de la investigación".

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