La Conferencia de Rectores (CRUE) ha informado de que el procedimiento de información reservada sobre el caso del máster de Cristina Cifuentes que inició la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid quedó "suspendido provisionalmente" cuanto todo se trasladó a la Fiscalía. Por tanto, todavía no hay conclusión y ha rechazado pronunciarse al respecto, aunque ha hablado de la existencia de posibles "graves irregularidades".

Ese procedimiento, ha asegurado el presidente, Roberto Férnández, se ha llevado "correctamente" y "con todas las garantías", según la supervisión que ellos han realizado con observadores externos. La Conferencia ha tenido acceso a parte "de los documentos originales", pero también ha comprobado "que no obran parte de los documentos" en el expediente.  Sí ha constatado, según el presidente, "que han sido requeridos los documentos necesarios" por parte del centro.

No obstante, ha señalado dos cosas: en primer lugar, que "las primeras declaraciones del rector" Javier Ramos, efectuadas el pasado 21 de marzo, podrían considerarse "algo precipitadas", y, en segundo lugar, que algunos de los implicados llamados a comparecer en el procedimiento han "aplazado" o suspendido sus declaraciones con "justificantes médicos.

Ha citado, en este sentido, al catedrático Enrique Álvarez Conde, a las docentes Clara Souto y Cecilia Rosado y a la funcionaria Amalia Colange. En todo caso, ha recordado, tendrán que acudir si la Fiscalía los llama. Las firmas de las dos docentes aparecen en el acta de Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes, junto a Alicia López de los Mozos, que presuntamente fue falsificada.

"Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta, no tienen derechos ni obligaciones distintas a los demás, y por tanto los políticos en ejercicio de representación de la soberanía nacional, si dicen tener un máster, deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no lo tienen es motivo de dimisión de su cargo público", ha comentado el presidente.

Asimismo, ha dicho que la CRUE "deplora y condena cualquier acto de irregularidad o de ilegalidad en la universidad" y ha criticado a los partidos políticos por hacer de un caso puntual un "ejemplo paradigmático". Les ha pedido que dejen fuera de este asunto sus pugnas puramente políticas.

"Un hecho concreto no puede poner en cuestión a la globalidad del excelente funcionamiento del sistema universitario español", ha subrayado. En su opinión es "inaceptable" que algunos políticos "hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española con fines partidistas", una práctica que ha considerado "una mayúscula e irresponsable frivolidad".

Fernández ha insistido en que el presidente de la CRUE no puede emitir juicios de valor ya que, ha recordado, se trata de un organismo privado sin potestad jurídica para inmiscuirse en la autonomía de la universidad. Por último, ha instado a que cualquier persona que detecte una mala práctica la denuncie por los cauces reglamentarios o por los judiciales.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha tachado de "tibias" las explicaciones de la CRUE. Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

"Los rectores no han dicho nada nuevo, se han venido a ratificar lo que el PSOE viene diciendo: máximo respeto al Universidad Pública y que no se intente focalizar el tema Cifuentes", ha sostenido Franco. Además, ha incidido en que "aquí hay una responsabilidad política, que le corresponde dilucidad a Cifuentes".