El escrito de conclusiones del Ministerio Público, recogido por Europa Press, determina que los acusados eran los dos únicos socios de Yarda Promoinvi SL, constituida el 28 de mayo de 2003 y cuyo único objeto era la promoción de viviendas.

El 11 de febrero de 2005, esa mercantil compró una finca en la calle del Pozo, en Revenga, para construir diez viviendas. Antes, el 23 de octubre de 2003, los acusados habían firmado un contrato civil que fijaba la recepción de 120.202,42 euros y que confería a J.T.G. y J.T.Z. derechos a ganancias en un 25 por ciento a cada uno.

Los acusados formalizaron, el 16 de noviembre de 2006, un préstamo con BBVA por 453.000 euros para llevar a cabo la construcción de diez viviendas en Revenga, con la garantía del propio terreno. El dinero fue ingresado en una cuenta de esa entidad, titularidad de Yarda Promoinvi SL.

A pesar de ello, no se llevó a cabo esa construcción ni se reintegraron las cantidades, que destinaron "a fines distintos", según la Fiscalía. Por eso, el banco ejecutó la garantía hipotecaria y vendió la finca en subasta pública.