Ambos diputados han presentado en rueda de prensa sus aportaciones al borrador del dictamen, que se analizarán, junto con las del resto de grupos, en las tres sesiones de la comisión programadas para este miércoles, el día 18 y el 25 de abril. En estas reuniones los parlamentarios decidirán qué aportaciones se incluyen al dictamen de la comisión.

Entendiendo que las "irregularidades" en Gitpa se produjeron "con los mismos responsables" y "en el mismo momento temporal" que en el caso Marea, Podemos quiere extender las responsabilidades políticas -actualmente dirigidas al expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces y a los exconsejeros Ana Rosa Migoya, Graciano Torre y Francisco Blanco entre otros-, a los directores generales de Gitpa Francisco José Delgado Rivero, como Director General de Innovación y Emprendimiento y Consejero de la empresa Gitpa; Sandra Velarde Suárez, como Directora General de Industria y Telecomunicaciones y Vicepresidenta de Gitpa; y los integrantes del Consejo de Administración de la sociedad.

Piden además que se sumen Iván Díaz Iglesias, como Gerente de Desarrollo de Negocio de Gitpa desde mayo de 2007; y a Francisco José Díaz Ortiz, como Secretario General Técnico, "por su dejación de funciones en el control y coordinación de los servicios de la Consejería, y como miembro del Consejo de Administración de Gitpa".

En su propuesta Podemos apunta también a una serie de "irregularidades" relacionadas con dobles certificaciones y contratos con FEVE, el despacho de abogados Garrigues o Telecable, afirmando que "se desconoce exactamente a cuánto puede ascender" el importe del "fraude" a la Administración.

La parlamentaria Lorena Gil ha criticado, frente a estos casos, la "falta de diligencia e interés" por parte del Principado para "conocer la verdad" sobre estos asuntos, "al igual que en Marea o los fondos de formación de UGT", ha apuntado.

En este punto, Gil ha criticado la actitud de los dirigentes autonómicos durante todos estos años, apuntando al PSOE y Foro por "actuar de forma poco diligente, mirando para otro lado al conocerse datos ciertos que apuntan a la comisión de irregularidades".

En su propuesta de dictamen Podemos incluye las irregularidades adicionales detectadas en el curso de la comisión, como "importantes irregularidades en contratación" o la falta de control.

En todas estas "irregularidades" el portavoz de Podemos ve una "repetición" de las claves de caso Marea, afirmando que así "se podrían repetir sin problema alguno" este tipo de situaciones.

León ha criticado que estas "irregularidades" deriven en una peor calidad del servicio de telecomunicaciones en Asturias. Así, ha asegurado que cuando se encienda un router en la zona rural, habrá que "acordarse de Gitpa", lamentando la "retórica de la modernización" que llevó al Principado a prometer que iban a pasar "del carbón al ratón", llevando finalmente a Asturias al "gato encerrado".

"Si no tenemos mejores conexiones tiene mucho que ver con lo que sucedió en este caso", ha insistido, cargando contra quienes "pretenden convencer de que se puede dar la cuarta revolución industrial con personajes salidos de las películas de Paco Martínez Soria".

RECOMENDACIONES

En el apartado de Recomendaciones del dictamen, Podemos quiere introducir mecanismos que analicen "todas las irregularidades", establecer protocolos de actuación "de obligado cumplimiento", crear un procedimiento único para las encomiendas de gestión o incorporar instrucciones comunes para todas las consejerías para aumentar así el control de los órganos gestores que operan fuera de la Administración autonómica.

El portavoz de la formación, Emilio León, ha pedido que se desarrollen la compra y contratación pública responsables, además de desarrollar la nueva ley de contratación con medidas que impidan que en Asturias "se vuelvan a repetir este tipo de actuaciones". Ha pedido además que se adopten medidas de protección de los testigos para evitar "presiones" relacionadas con este caso.

Los diputados de Podemos se han mostrado confiados en que, con el respaldo del resto de grupos, estas conclusiones se puedan remitir a Fiscalía, la Sindicatura de Cuentas y las instituciones europeas -estas últimas al existir dinero procedente del Banco Europeo de Inversiones-.