Este fallo dictado por dicha Sala va en sentido contrario al que se emitió el 12 de enero de 2015, y por orden del Tribunal Supremo (TS), que en octubre de 2017 estimó un recurso de Lifeblood, anuló la resolución del TSJC que le daba la razón a la Consejería de Sanidad y ordenó a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dictar un nuevo fallo, que es el conocido este martes, 10 de abril.

Al respecto, el TSJC recuerda que la orden de la Consejería de Sanidad que apartó a Lifeblood del concurso para presentar los servicios de hemodiálisis supuso de facto que la anterior adjudicataria del servicio, Baxter, mantuviera provisionalmente en prorroga la adjudicación del suministro del servicio en los dos hospitales citados hasta que en el concurso de 2015 el Gobierno canario adjudicó el servicio a una tercera empresa, Avericum.

Así la actual sentencia, sobre la que cabe recurso, obliga a la Administración regional a anular la orden que apartó a Lifeblood del procedimiento y, o bien volver a convocar el procedimiento de contratación y resolverlo "en los términos que procedan con arreglo a derecho", o declarar que la sentencia es de imposible cumplimiento y optar por la vía de la indemnización para restablecer a Lifeblood en sus derechos.

Si se optara por esta última cuestión, la cuantía del proceso para indemnizar a Lifeblood está fijada en 31.398.924 euros, si bien esta es una cifra estimada.