De este modo, según ha detallado en un comunicado el Consistorio palmesano, la empresa promotora tendrá que pedir una nueva licencia de edificación, que se tendrá que regir por el plan de equipamientos comerciales del Consell de Mallorca.

Esta extinción de la licencia viene dada después de que el Ayuntamiento haya resuelto las alegaciones presentadas por la empresa, que no se han aceptado.

El regidor de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, ha remarcado que con esta medida "se da cumplimiento al acuerdo de Gobierno". "El ministerio de la ley no es optativo, es obligatorio, y en este caso nos marcaba extinguir la licencia", ha añadido.

El 5 de septiembre de 2017 la Gerencia aprobó la caducidad de la licencia y la empresa presentó alegaciones que se aceptaron en parte. Ahora, una vez que la empresa ha tenido acceso al expediente, se han desestimado las nuevas alegaciones y se ha declarado la extinción de la licencia.

El informe jurídico que avala la decisión marca que la norma jurídica vigente en aquel momento era la Ley de Ordenación y Uso del Suelo, conocida como Ley del Suelo. En ella se estipula que desde el momento en que se aprobó la licencia para edificar de forma simultánea a la urbanización la empresa tenía 6 meses para presentar el proyecto de ejecución y 36 meses para finalizar las obras.

Si se incumple este requisito formal, la licencia acontece ineficaz desde la fecha en que se cumplen los seis meses, tal y cómo se remarca en el informe jurídico.