El 82,3% de las mujeres y el 70% de los hombres en situación de exclusión residencial padece una mala salud mental, porcentajes muy superiores a los que presenta la población general de Barcelona que representaría el 16,5% en los hombres y el 20% en las mujeres. Son datos extraidos del Informe sobre la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona llevado a cabo de manera conjunta entre el Observatorio DESC, Enginyeria sense Fronteres (ESF), la PAH y la Agència de Salud Pública de Barcelona.

El informe, elaborado a partir de 100 entrevistas a personas que han acudido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lo forman 247 preguntas que cruzan datos de problemas conectados: la vivienda, los suministros y la salud con datos socio demográficos.

El informe constata que el 48 % de las personas encuestadas se encuentran en situación de pobreza energética, que un 38 % tienen un acceso irregular a los suministros de agua, luz y gas y, de este porcentaje, un 73 % están en situación de irregularidad en la vivienda, o sea, que la han ocupado. Además, el informe constata que el 70% de las personas en situación de exclusión residencial no habían ido a los Servicios Sociales antes de dirigirse a la PAH.

Esta cifra se desglosa en tres aspectos: el 47% de las personas encuestadas no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada durante el invierno, el 56% se han atrasado en el pago de facturas de suministros básicos, sobre todo del eléctrico, y el 73% no han pagado en tres o más ocasiones.

Anna Novoa, miembro de la Agencia de Salud Pública de Barcelona ha destacado en la rueda de prensa de presentación del informe la importante tarea que están llevando a cabo los movimientos sociales pero a la vez ha aprovechado para reclamar a las autoridades sanitarias una atención primaria más eficaz.

La portavoz de la PAH, Lucia Delgado, ha destacado por su parte el gran aumento de ocupaciones de viviendas debido a la subida de los alquileres de los últimos dos años y a la vez porque no se han renovado un gran número de contratos de alquiler social. De hecho, el informe muestra que el 73% de las familias que han ocupado un piso en Barcelona lo han hecho de 2017 en adelante y además un 29% habían estado previamente desahuciadas por no poder asumir el alquiler.

Para el técnico de vivienda del Observatorio DESC, Guillem Domingo, el informe muestra que la "inseguridad residencial" es un problema poliédrico que lleva a una situación de exclusión social y que no puede ser tratados con medidas puntuales.

En ese sentido, la portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, ha enfatizado que "este informe es primordial. Hablamos de números pero son personas. Son familias que vienen a la PAH y que están buscando soluciones dignas, y que sus vidas están afectadas a nivel de salud y familiar. Estamos en una situación de emergencia habitacional y social. No podemos tener una sociedad enferma", ha declarado.