El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, ha citado a declarar a diez personas como testigos en la causa por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz, entre ellas al exnovio de Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen, con el que la mujer llegó a la provincia almeriense desde Burgos.

Fuentes judiciales han indicado que los nuevos testigos serán llamados a declarar por el juez Soriano en dos jornadas, la de este martes y la del próximo jueves, y entre ellos se encuentran varios familiares de los padres del pequeño y algún agente de la Policía Local de Níjar (Almería).

Las fuentes consultadas no han especificado sin embargo si será este martes o el jueves cuando testificará la expareja de la mujer arrestada. Ana Julia y este testigo se conocieron el lugar durante unas vacaciones y posteriormente inauguraron a medias un bar-cafetería en el único centro comercial de Las Negras;

En el mismo auto, el instructor de la causa acordó, asimismo, prorrogar el secreto decretado sobre las actuaciones por un mes más al considerar que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a esa resolución.

Entre las últimas diligencias que ha ordenado practicar figura, asimismo, un oficio a la Guardia Civil para que cuantifique los gastos del dispositivo de búsqueda que se mantuvo durante 13 días en la zona y en el que participaron más de 1.500 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de emergencias, así como alrededor de 2.500 voluntarios. El juez pretende incluir la suma en la responsabilidad civil.

También se ha hecho público que dos asociaciones, 'Clara Campoamor' y la Asociación Andaluza de Estudios Penales han solicitado su personación como acusación popular en la causa que se sigue por presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral contra Ana Julia Quezada, expareja del padre del pequeño Gabriel y autora confesa de su muerte violenta si bien el magistrado Rafael Soriano aún no se ha pronunciado sobre su admisión.

Cabe recordar que Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres de Gabriel, ya comparecieron el 22 de marzo durante dos horas ante el magistrado en calidad de testigos y acompañados por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres ya que se han personado como acusación particular en las diligencias que se siguen contra Ana Julia Quezada, excompañera sentimental del progenitor, por la presunta comisión de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

El magistrado Rafael Soriano también tomo declaración en calidad de testigo el 23 de marzo a la abuela paterna de Gabriel, de 84 años. Compareció durante media hora y, según los abogados de la acusación particular, fue un trance "muy doloroso". Ella estaba junto a Gabriel y la única sospechosa del crimen cuando se vio por última vez con vida al pequeño y la investigación sostiene que esta última "aprovechó un momento temporal en el que sabía a solar con el niño y que la abuela no lo iba a controlar" para, mediante "engaño" o "promesa de devolverlo pronto a jugar", llevárselo a la finca familiar de Rodalquilar en la que habría ocultado el cadáver.

La nueva tanda de declaraciones se ha ordenado una vez el juez tiene en su poder un informe ampliatorio de la autopsia del niño en el que se señala que la muerte violenta se produjo entre "una o dos horas después" de comer.

Recoge que las muestras del contenido estomacal remitido al Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla, revelan un fallecimiento en las primeras horas del presunto secuestro a manos de Ana Julia Quezada, quien lo llevó a la finca familia de Rodalquilar, situada a unos cinco kilómetros de la casa de la abuela paterna en Las Hortichuelas.

En su auto de ingreso en prisión, el magistrado Rafael Soriano sostiene que "resulta presuntamente incuestionable la participación" de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento "se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen".

El juez instructor destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala" y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las intervenciones telefónicas practicadas y cuyo contenido está en una pieza separada.

"Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", concluye para remarcar las "abrumadoras pruebas contra ella" no solo "porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.