Según ha explicado a Europa Press una de las portavoces del colectivo, Gemma Cuadrado, dicha cita ha sido posible "después de tres intentos" y una vez que el colectivo ha hecho llegar a los grupos políticos su propia propuesta para modificar la ley, e incluir así la solución a los problemas docentes de acreditación, después de que la Mesa General firmara los preacuerdos alcanzados en mesas sectoriales.

Por otro lado, la asociación se encuentra a expensas de la primera reunión de la mesa de trabajo específica para cambiar la LAU, que se reuniría el viernes 13 de abril.

Con los resultados de los encuentros en el seno de estos organismos los afectados dilucidarán la conveniencia o no de seguir adelante con la posibilidad, ya aprobada en asamblea, de convocar huelga, una vez que en el último Consejo de Gobierno de la Hispalense se aprobó una oferta de empleo público en la que ya aparecían plazas de ayudantes doctores a los que el contrato les caduca en septiembre sin que los mismos quedaran reconvertidos a interinos, lo que se saldaría con una "injusticia" debido a la salida a concurso de dichas plazas.

Al respecto, la asamblea considera "prioritario" desarrollar de forma inmediata el único de sus puntos que podría solucionar el conflicto. Éste prevé la modificación de la LAU para diseñar una carrera docente que reconozca el derecho del profesorado laboral a la promoción automática una vez acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

Para la asociación, las soluciones propuestas en el acuerdo "presentan varios puntos problemáticos a la hora de llevarlas a cabo y se teme que se genere un conflicto legal que desemboque en los tribunales". Además, el reconocimiento de complementos salariales sólo al personal indefinido, y no al temporal o interino, "supone una discriminación contraria al derecho de la Unión Europea y ya se ha anunciado su impugnación".

Este colectivo ya realizó un paro en la Hispalense durante los pasados exámenes de septiembre que se vio imposibilitado por una imposición de servicios mínimos del cien por cien, recientemente anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró que vulneraban el derecho de huelga