Según denuncia A Mesa pola Normalización Lingüística, en lo que va de curso ha detectado un «incumplimiento masivo» de la docencia oral en gallego.

Según la ley actual, al menos la mitad de las clases deberían impartirse en gallego. Sin embargo, esta norma no se sigue porque, según este colectivo, falta formación en los profesores.

De la misma opinión son los padres, que confirman la escasa presencia del gallego entre los docentes de la comunidad. «Por comodidad y por costumbre, la mayor parte de los profesores imparten las clases en castellano, como lo han hecho siempre», explica Xelasio Suárez, de la Federación de Anpas de Galicia.

Los profesores, por su parte, dicen «no tener constancia de un incumplimiento», según el sindicato CC OO. Ahora bien, lo que sí confirman es que todos los colegios de Galicia recogen en su normativa interna el cumplimiento de la ley.

Pese a todo, los docentes garantizan que «suponemos que, al tener los libros en gallego, las clases se darán en esa lengua, aunque, realmente, nadie inspecciona lo que pasa de la puerta del aula hacia dentro».

Para paliar esta situación, A Mesa pola Normalización Lingüística exige a la Consellería de Educación que ejecute un plan de formación para profesores con el fin de que puedan ajustarse a la actual normativa. Además, piden más inspecciones en la enseñanza para evitar situaciones como ésta.

Desde Educación recuerdan que el pasado curso se ofertaron 15 actividades formativas sobre el gallego para los docentes, con un total de 380 plazas. Para este año académico, la oferta se amplía con 3.960 plazas y un total de 85 actividades.

En Infantil se «margina»

Por cursos, el sector educativo confirma que la presencia del gallego en las aulas es menor cuanto más pequeños son los niños. De esta forma, A Mesa pola Normalización Lingüística constata que el incumplimiento «más grave» se ve en Educación Infantil. Denuncia que en los centros que imparten esta etapa educativa «se minoriza el gallego, cuando éste es el idioma mayoritario, o se margina», según su presidente, Carlos Callón. Los padres, por su parte, reconocen que incluso en los institutos públicos no llegan a cubrirse los mínimos que fija la actual legislación.