El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha pedido a la dirección del aeropuerto de San Pablo que informe del "estado" actual del contrato de alquiler relativo a las dependencias del recinto aeroportuario ocupadas por la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, un contrato dado ya por "finalizado" por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). En paralelo, la juez instructora ofrece a la dirección del aeropuerto la posibilidad de ejercer "acciones" legales con relación a los "daños" perpetrados recientemente en los aseos de la terminal de llegadas.

A través de una providencia fechada el pasado 5 de abril y recogida por Europa Press, la juez instructora aborda el conflicto relativo al contrato de alquiler gracias al cual la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi cuenta con unas dependencias en las instalaciones del aeropuerto de Sevilla.

En ese sentido, recordemos que en diciembre de 2017, el aeropuerto

formulaba una demanda de desahucio ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla, por el supuesto "incumplimiento" de los términos del contrato suscrito en 2010 entre la dirección del aeródromo de San Pablo y esta asociación de taxistas, para el alquiler de este local.

Y es que según el aeropuerto, los términos de dicho contrato de alquiler no contemplarían el uso del local para fines como la explotación de un bar, extremo que llevaba a AENA a solicitar la rescisión del mencionado contrato.

A la espera de una resolución judicial derivada de dicha demanda, el pasado 31 de marzo finalizaba según AENA la última prórroga de dicho contrato de 2010 y aunque era posible una nueva prórroga siempre que ambas partes estuviesen de acuerdo, fuentes de la citada entidad estatal manifestaban entonces a Europa Press que la dirección del aeropuerto remitió un burofax a Solidaridad Hispalense del Taxi, comunicando que daba por "finalizado" el contrato a la citada fecha.

Superada la fecha en cuestión sin que el local haya quedado expedito, el aeropuerto decidía interponer una nueva demanda de desahucio, esta vez por la "finalización" de dicho contrato de alquiler y siempre para reclamar el desalojo del establecimiento.

EL CONTRATO DE ALQUILER

En ese contexto, el Juzgado de Instrucción número ocho, que investiga los presuntos ataques y amenazas sufridos en la ciudad hispalense por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) e incluso otros taxistas, pide en la citada providencia de fecha 5 de abril que la dirección del aeropuerto "informe del estado en que se encuentra el contrato de arrendamiento tras la finalización del plazo del mismo y las posibles acciones que se hubiesen entablado ante la situación de precario que en su caso se hallaría" la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.

Del mismo modo, la juez instructora ofrece a la dirección del aeropuerto la posibilidad de "acciones" encuadradas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con relación a "los daños producidos en los aseos del aeropuerto el pasado 23 de febrero". Y es que según han señalado a Europa Press fuentes del caso, durante las semanas previas a la finalización del mencionado contrato de alquiler, los aseos de la terminal de llegadas del aeropuerto habrían sido objeto de varios actos vandálicos.

Esta causa judicial deriva de la investigación policial relativa a los citados y supuestos casos de acoso, violencia y amenazas de taxistas a conductores de VTC que trabajan en Sevilla para empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify.

Dicha investigación, promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, sumaría un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto hispalense.

En la causa judicial, en cualquier caso, figuran como investigados los principales dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras y otros miembros del organigrama de dicha organización como Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que las asociaciones gremiales del sector del taxi se han desligado en todo momento de los hechos investigados.