Asimismo, se trata de un texto que tiene por finalidad recuperar la iniciativa legislativa del Parlament otorgada por la Ley 5/2015, el mandato de la cual expiró "sin cumplirse satisfactoriamente", a fin de elaborar y aprobar una serie de textos "refundidos y textos reglamentarios consolidados para mejorar la coherencia del ordenamiento normativo autonómico, simplificar la profusión de normas existentes y facilitar el acceso de todos los ciudadanos y operadores jurídicos a un ordenamiento integrado por las versiones vigentes", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

De esta manera, se facilitará la lectura e interpretación de leyes que se han tenido que modificar una o más veces, con un nuevo redactado que contemple toda la parte expositiva y el articulado que está en vigencia y elimine los artículos o párrafos que, por haber sido modificados, ya no son vigentes. Esta actualización, además, permitirá incorporar las leyes que han sido aprobadas y modificadas en los últimos tres años.

La regularización, aclaración y armonización de los textos legales se llevará a cabo atendiendo a los dictados en procedimientos de constitucionalidad y los acuerdos adoptados en el seno de las comisiones bilaterales entre Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma.

Del mismo modo, se presentan mediante disposiciones finales, modificaciones puntuales a algunas de estas normas objeto de refundición con el fin de adecuar estos textos legales a las necesidades derivadas de directivas europeas, de acuerdos alcanzados con organizaciones sindicales, de pronunciamientos judiciales o de omisiones detectadas, antes de la necesaria simplificación normativa mediante la aprobación de los textos refundidos.

Por último, la formación ha destacado la Ley 7/1998 de Ordenación Farmacéutica de las Islas, con la modificación de la que se pretende aclarar los supuestos de regencia y la vigencia del catálogo farmacéutico; la Ley 3/2007 de la función pública de la Comunidad Autónoma, para desarrollar la normativa de la carrera profesional y el derechos del personal funcionario interino; y la Ley 12/2017 de urbanismo de Baleares, para aclarar la situación de los núcleos rurales, entre otras, como principales normativas incluidas a través de dichas enmiendas.