Junta aboga por el diálogo y consenso para mejorar condiciones de los abogados que prestan la justicia gratuita

  • El director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Francisco Muñoz Aguilera, ha abogado este jueves por el diálogo y el consenso para mejorar las condiciones de los profesionales de la abogacía que prestan el servicio de justicia gratuita en Andalucía.

Así se ha manifestado Muñoz, en declaraciones a Europa Press, después de que este jueves el Colegio de Abogados de Málaga haya anunciado que va a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio en la comunidad autónoma.

En este sentido, ha asegurado que todo el proceso de elaboración de la Orden se ha desarrollado "en todo momento" en un marco de "diálogo permanente y con un espíritu de consenso" con los diferentes colegios de abogados y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

"El objetivo que tenía esta Orden era mejorar todas las cuantías de la prestación de servicios del turno de oficio, si bien hemos ido más allá y se han incluido determinados módulos que antes no existían para adaptarlos a toda la nueva normativa procesal", ha explicado el director general de Justicia Juvenil y Cooperación.

Es por ello que "en ningún caso las modificaciones han significado un retroceso de los ciudadanos ni de los profesionales que prestan el servicio de justicia gratuita", según afirma Muñoz, quien ha incidido en que incluso en una de las últimas reuniones del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se reconoce "la buena disposición de la Consejería de Justicia e Interior" para atender las demandas que han formulado los letrados.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo Gómez, ha manifestado que, si bien "respeta" la decisión del Colegio de Abogados de Málaga, "no la comparte", puesto que entiende que, "en estos momentos, en los que la Administración está cumpliendo puntualmente con los compromisos de pagos asumidos, existe una voluntad negociadora que ha permitido la aprobación de una nueva Orden".

"Aunque no satisface la totalidad de los intereses del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, supone la recuperación del diez por ciento y asume mejoras reivindicadas por la abogacía andaluza -como las macrocausas, el pago de los desplazamientos a prisión o la ampliación por circunstancias excepcionales del plazo de tres meses para la liquidación-, así como recoge la aspiración de este Consejo para que, a través de las Leyes de Presupuestos, el baremo pueda ser objeto de actualización anual", ha subrayado.

Para el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, "la defensa de los intereses de los centenares de abogados del turno de oficio constituye una prioridad, conscientes del esfuerzo ejemplar que con extraordinaria profesionalidad vienen realizando en todos y cada uno de los partidos judiciales de Andalucía, percibiendo una compensación insuficiente".

Sin embargo, Pascual Pozo ha considerado que "en el momento actual" el procedimiento a seguir para la defensa de las "justas reivindicaciones" de los compañeros del turno de oficio debe ser la negociación a través de la Comisión Mixta con la Administración Autonómica, así como a través de las reuniones que permanentemente están manteniendo con los distintos grupos políticos a fin de "lograr que la Ley de Presupuestos contemplen los incrementos necesarios de las partidas de Justicia Gratuita que permitan mejorar las compensaciones económicas por los servicios prestados en turno de oficio".

" Los abogados andaluces deben saber que, desde el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, no cesaremos en nuestro empeño de defender sus intereses frente a la Administración, reivindicando los derechos de los letrados adscritos al turno de oficio", ha aseverado el presidente del Consejo, para concluir que, para ello, utilizarán el procedimiento que entiendan "más adecuado en cada momento en defensa de la dignidad del turno de oficio, como máxima expresión de la función social de una abogacía comprometida, que debe ser respetada mediante su adecuada y justa retribución".

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