Así lo pusieron este jueves de manifiesto el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, la fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Beatriz Sánchez Cabrera, y el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González, durante la lectura de un manifiesto que recogía todas sus peticiones y que se ha leído ante numerosos juzgados y audiencias provinciales de toda España.

En este sentido, Moya explicó que han apoyado las catorce medidas propuestas por las asociaciones judiciales el 16 de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200 Juntas de Jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 Jueces y Magistrados. "Asimismo -continuó- apoyamos las peticiones efectuadas por las asociaciones Fiscales en mejora de su Estatuto y funciones".

En consecuencia los jueces ha reclamado a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que, "con la urgencia que exige la situación nuestra Justicia", se acuerden diferentes medidas.

Entre ellas, los magistrados han puesto sobre la meda medidas para reforzar la independencia judicial, para modernizar la Administración de Justicia y para llevar a cabo cambios que mejoren el trabajo del Ministerio Fiscal.

REFORZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Así, para reforzar la independencia judicial piden la presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma de la LOPJ en lo que se refiere al CGPJ, que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.

También instan a que el CGPJ amparare de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia; a una retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ.

De igual modo apuestan por la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada; y por la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Para modernizar la Administración de Justicia: calidad y eficacia, los profesionales de la justicia han solicitado un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente.

El manifiesto también recoge una revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión.

Además, ven necesario compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional; dotarse de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción; o la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

Igualmente, piden un impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere; reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad; y la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

En este aparatado también solicitan garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.

MEDIDAS PARA EL MINISTERIO FISCAL

Asimismo, en lo que se refiere al Ministerio Fiscal, han pedido la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; y la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.

También piden la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; un refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal; o una autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

UN 100% DE SEGUIMIENTO

El magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, José Antonio Morales, se ha mostrado satisfecho por la asistencia que han tenido en la capital gran canaria con un 100% de seguimiento.

"Las reivindicaciones no son más que las que venidos solicitando desde hace muchos años; la adecuación de nuestra carga de trabajo, una mejora de la administración de Justicia en general, con un expediente digital realmente eficaz; una dotación de medios adecuada, un reforzamiento de la independencia mediante la elección directa de los vocales de procedencia judicial a través de sufragio universal y directo", dijo.

Además, señaló que también reclaman la recuperación del nivel retributivo que perdieron en 2010 para tener una retribuciones al nivel de la responsabilidad que ostentan.

"HA LLEGADO EL MOMENTO" DE MOVILIZARSE

Mientras, Inés Herreras, desde la Unión Progresista de Fiscales, ha hecho especial hincapié en que muy difícil que jueces y fiscales se movilicen. "Pero ha llegado el momento -matizó- y entendemos que nuestra responsabilidad pasa ahora por decirle a la ciudadanía que no podemos darles el servicio público que merecen".

"Un servicio público que no puede darse con toda eficacia con la que nos gustaría hacerlo porque a nivel estatal tenemos unas herramientas informáticas que no están a la altura y que en muchos territorios imposibilitan que se pueda desarrollar el trabajo", añadió.

Por su parte, Carla Vallejo Torres, de Jueces y Juezas para la Democracia, ha entendió que la concentración de este jueves marcará un punto de inflexión, ya que supone la unión de las carreras judiciales reivindicando la "dignificación" de la función judicial, "que es dignificar el estado de derecho".

"Llevamos muchos años reclamando mejoras estructurales y garantías a la independencia que no se han puesto de manifiesto, y ahora hemos dicho que o esas mejorar llegan o se abrirán un calendario de movilización que sacará a la calle a un colectivo que, tradicionalmente, no se presta a ser así de reivindicativo, pero consideramos que la causa lo merece", aseveró.