El informe ha sido elaborado por dos equipos multidisciplinares de las dos universidades públicas canarias bajo la dirección de María José Rodrigo, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna y directora del máster oficial interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitario de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En la presentación, la consejera señaló que este informe es un trabajo que ha de servir de base para la elaboración de la futura estrategia de protección de la infancia y la familia en Canarias, un documento que ha de ser "riguroso, importante y de futuro". Cristina Valido recordó que el último estudio sobre la situación de la infancia y la familia en las islas data de 1996 y sirvió para la elaboración de la Ley del Menor de 1997, una norma en cuya modificación ya está trabajando el Gobierno de Canarias para adaptarla a la legislación estatal y a la realidad actual.

Valido apuntó que en estos veinte años la sociedad canaria ha cambiado de manera "enorme", pues "ni los menores, ni las familias, ni las herramientas, ni el sistema educativo, ni el ocio son los mismos". "Los problemas son diferentes y tenemos problemas nuevos, así como una sociedad digital que también está dejando huella en la vida y en la educación de los menores".

La consejera precisó que el informe parte del reconocimiento jurídico del interés superior del menor, la satisfacción de sus necesidades y la promoción y protección de sus derechos. Bajo esta premisa, los objetivos del diagnóstico son fundamentalmente dos: describir la situación actual de la infancia y la familia en Canarias, destacando los factores de riesgo, y elaborar una serie de recomendaciones que permitan diseñar la estrategia de atención a la infancia y las familias para los próximos años.

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, indicó que se trata de un informe de 500 páginas que va a estar disponible de forma online, aunque también se imprimirán algunas de sus conclusiones. El siguiente paso será la elaboración de la estrategia, que incluirá un proceso participativo que comenzará este mes y en el que podrán participar todos los sectores con competencia en infancia y familia para que realicen sus aportaciones.

CONCLUSIONES.

Entre las conclusiones del informe, la catedrática María José Rodrigo resaltó que un caso preocupante es el envejecimiento progresivo de la población infanto-juvenil, que está en regresión, un problema demográfico a corto y medio plazo, sobre todo en algunas islas como La Palma y La Gomera. Esto se debe a la caída de la tasa de natalidad, la baja nupcialidad y el incremento de la edad de las madres, que está en los 30-31 años de media, lo que condiciona el desarrollo socio demográfico del archipiélago.

Aunque en general ha habido un incremento general del bienestar económico en las islas después de la crisis, persisten situaciones de desigualdad económica entre clases sociales y, sobre todo, riesgo de pobreza y de exclusión social, que se asocia principalmente a familias monoparentales en las que la mujer es la cabeza de familia, un elemento muy a tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas sociales, según el informe.

Otra de las características que definen a la sociedad canaria actual es la presencia creciente de nuevos modelos familiares, principalmente familias monoparentales, familias reconstituidas, familias interculturales con algún miembro extranjero y las familias monoparentales, lo que implica necesidades más complejas que deben conocerse para encontrar la respuesta adecuada en los servicios sociales.

Asimismo, se destaca que Canarias está entre las cuatro comunidades autónomas con las tasas más altas de divorcio, con el agravante de que un 24% de los casos va por la vía contenciosa y no existe una cultura de la mediación familiar. Asimismo, en el estudio se resalta que el papel creciente de la figura paterna en el cuidado y educación de sus hijos e hijas debe ser mantenido y fortalecido, y también se observa en los tres últimos años una tendencia al alza de los embarazos de adolescentes, tendencia que venía decreciendo desde 2007, concentrando el 10% de los embarazos de menores en España.

La catedrática también llamó la atención sobre la necesidad de las familias de contar con más espacios de ocio, principalmente en las islas no capitalinas, donde otra queja es que los transportes urbanos no están pensados para estas actividades, así como la falta de espacios deportivos. Asimismo, advirtió que si bien los servicios de atención a la familia están siendo cada vez mejores, están infra dotados en las islas no capitalinas.

RECOMENDACIONES.

En el capítulo de recomendaciones, los redactores del informe aconsejan desarrollar políticas autonómicas, insulares y municipales que promuevan la parentalidad positiva, teniendo en cuenta la diversidad familiar y desde una perspectiva integral. Además, se aconseja fortalecer la coordinación interadministrativa e intersectorial, así como las relaciones con el tercer sector aprovechando las tecnologías de la comunicación, así como potenciar la participación activa de la infancia y las familias en las políticas y acciones de su interés, además de recoger sus iniciativas.

En el ámbito educativo, se insta a promover acciones preventivas dirigidas a la mejora del aprendizaje y la socialización de la infancia y la colaboración familiar; en el ámbito de la salud, promover acciones preventivas dirigidas al bienestar infantil y el de las familias, y en el espacio digital y comunitario se aconseja promover acciones preventivas dirigidas a potenciar el desarrollo personal y social de la infancia y de las familias.

Por otro lado, en el documento se recomienda mejorar el sistema de protección y de justicia juvenil para preservar los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad y potenciar su desarrollo integral, no sólo implementando un sistema de registro y gestión de la información que permita monitorizar la realidad cambiante de la infancia y la familia, sino también desarrollando programas de formación e investigación para que la acción política y la intervención profesional en el ámbito de la infancia y la familia se basen en evidencias.

Otras recomendaciones, relacionadas con el uso de las TIC, son la aplicación del protocolo de la Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva para visibilizar la calidad e innovación en los servicios de atención a la infancia y la familia en Canarias; crear una página web de infancia y familia del Gobierno de Canarias, donde se incluyan servicios, mapas de recursos y programas, así como informaciones y noticias de interés para la familia desde una perspectiva interadministrativa e intersectorial.

También se aboga por crear foros de encuentro de asociaciones familias y asociaciones de jóvenes y voluntariado, y un Observatorio de la Infancia que ofrezca estadísticas accesibles, integradas y homologadas que se refieran a los diferentes ámbitos relacionados con la infancia y la familia en canarias, así como indicadores del bienestar, y un registro unificado de casos de menores declarados en riesgo, bajo medias de protección y con medidas judiciales de toda Canarias, algo que ya se está consiguiendo en el ámbito de la salud mental.