Un juez investiga a tres tenientes de alcalde de Pineda del Mar (Barcelona) del PSC, a una concejal de ERC y al jefe de la Policía Local por supuestamente coaccionar a los responsables de dos hoteles en los que se alojaban agentes de la Policía Nacional destinados a Cataluña por el 1-O con el único objetivo de expulsarlos. En concreto, es el juzgado de Instrucción 2 de Arenys de Mar (Barcelona) el que ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía.

La querella se dirige contra los tenientes de alcalde Carme Aragonès, Jordi Masnou y Sílvia Biosca (PSC); la concejal de la oposición Mònica Palacín (ERC) y el jefe de la Policía Local, Carles Santacreu, por un presunto delito de coacciones.

Según la Fiscalía, Aragonès, Masnou, Palacín y Santacreu se presentaron el 2 de octubre hacia las 21.00 horas en un hotel que hospedaba agentes de la Policía Nacional para presuntamente pedir a la dirección de la cadena hotelera, "prevaliéndose de la autoridad que representaban", que les expulsara.

La dirección de la cadena hotelera respondió que los agentes tenían reserva hasta el 5 de octubre y Masnou advirtió al gerente de que, "si no echaba a los policías, le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años", según relata el ministerio público en la querella.

Los cargos municipales abandonaron el lugar tras la conversación y el gerente de la cadena de hoteles, "impulsado por el temor a posibles y creíbles represalias", redactó una carta en la que comunicaba que se veía obligado a desalojar el 3 de octubre antes de las 16.00 horas a los agentes de la Policía Nacional que se hospedaban en dos de sus establecimientos, según la querella de la Fiscalía.

Aragonès, acompañada de Biosca, volvió al hotel el 3 de octubre "porque había trascendido a la prensa y circulaba en Internet" la carta de la cadena hotelera y pidieron a la dirección una reunión urgente en el Ayuntamiento para hacer un comunicado conjunto.

Los representantes hoteleros asistentes se negaron a firmar el documento elaborado por Biosca en el que se afirmaba "con manifiesto desprecio a la verdad" que el gobierno municipal y la dirección de los establecimientos acordaron sin medidas de presión la salida de los agentes, señala el ministerio público.

Según la Fiscalía, Biosca, siguiendo instrucciones de Aragonés, distribuyó el comunicado igualmente, y la querella también se dirige contra ellas por un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad. Los dos hoteles alojaban a 496 agentes de Policía Nacional trasladados a Cataluña en motivo de la convocatoria y posterior celebración del referéndum del 1 de octubre.