Ha ofrecido una rueda de prensa, acompañada por el exconsejero de Hacienda del PAR, José María Bescós, en la que ha rechazado el informe del Gobierno de España sobre la fiducia, presentado a las Cortes regionales. Ha dicho que no es vinculante "y no tiene ninguna consecuencia procedimental", sino que es "de tipo funcionarial" y manifiesta "un exceso de celo y desconocimiento del Derecho foral aragonés".

Se ha remitido a una sentencia dictada en 2012 por el Tribunal Supremo, que ha declarado nula de pleno derecho la regulación de la liquidación de la fiducia recogida en el reglamento del impuesto de sucesiones, apuntando que el Estado ha cedido a las Comunidades autónomas la gestión de este gravamen, de forma que la regulación del devengo de la fiducia corresponde a la Comunidad aragonesa. "Ahí radica la constitucionalidad" de la proposición de ley, ha proclamado.

Ha defendido "a ultranza" el Derecho foral aragonés y ha considerado que "lo que se está haciendo con la liquidación de la fiducia no se atiene a derecho", añadiendo que un informe emitido por la Dirección General de Tributos "no ha nombrado para nada la posibilidad de que fuera inconstitucional", sino que se ha limitado a señalar que supondrá una merma de ingresos para las arcas autonómicas.

La parlamentaria del PAR ha llamado la atención sobre el hecho de que la Mesa de las Cortes ha calificado ya la iniciativa legislativa y ha aseverado que el Derecho foral aragonés es de aplicación preferente en todos los ámbitos sobre el común, considerando que "el Estado debería ser garante del Derecho foral".

Elena Allué ha lamentado la "excesiva sensibilidad con este territorio" por parte del Gobierno de España, en alusión a los recursos de inconstitucionalidad presentados contra algunos preceptos de varias leyes autonómicas.