La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha exigido a la Junta de Andalucía que paralice la tramitación de la nueva norma urbanística en la que está trabajando, la conocida como Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía (LUSA), "porque es antimunicipalista, supone una injerencia al socavar la autonomía municipal y carga de responsabilidades a los ayuntamientos sin dar medios materiales ni humanos".

Esta nueva ley, que se encuentra en fase de anteproyecto, ha sido elaborada "de espalda a los ayuntamientos y supone una enorme pérdida de oportunidades para solucionar los problemas históricos con el urbanismo en Andalucía, como las 300.000 viviendas en situación irregular", ha criticado la dirigente 'popular'.

En rueda de prensa junto a la vicesecretaria de Política Municipal del PP de Málaga, Natacha Rivas, y tras mantener un encuentro con concejales, diputado provincial y técnicos de Urbanismo y Fomento de la provincia, Navarro ha reclamado la paralización "urgente" del procedimiento normativo: "No supone la agilización en la tramitación de los planeamientos urbanísticos, que actualmente tardan en aprobarse una media de entre ocho y diez años".

La LUSA plantea la sustitución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por dos nuevas herramientas de planeamientos urbanísticos supeditadas a la aprobación del Gobierno andaluz, "por lo que ahora que habrá dos planeamientos, difícilmente se acortarán los plazos de aprobación".

La nueva normativa establece un plan general de ordenación estratégica, a medio y largo plazo, que dependerá del Gobierno andaluz; y un plan municipal de ordenación urbana, que sólo estará referido al suelo urbano consolidado y que, si bien debe ser aprobado por cada ayuntamiento, su aprobación definitiva estará supeditada al primer plan, ha explicado.

"Es la pescadilla que se muerde la cola y, en vez de simplificar, la Junta opta por dos planeamientos en vez de uno", ha lamentado la número dos del PP de Málaga.

En opinión de los 'populares', con estas dos nuevas herramientas "se produce la injerencia en las competencias municipales, ya que ahora un ayuntamiento tendrá sólo control sobre el suelo urbano consolidado, mientras que todo el suelo urbanizable, todas las posibilidades de progreso, desarrollo y atracción de inversiones con las que cuenta un municipio en este sentido; todo eso dependerá de la Junta de Andalucía".

"El Gobierno andaluz pretende tratar a todos los municipios con el mismo rasero y considera que la realidad urbanística de Marbella es la misma que la de Macharaviaya", ha puesto como ejemplo la también parlamentaria andaluza, que ha añadido que, además, la normativa no aclara qué ocurre con todos los PGOU que se están tramitando, lo que genera "aún más incertidumbre".

"¿Qué va a ocurrir con los planeamientos a punto de aprobarse o en tramitación? ¿Serán validos, habrá que volver a empezar? Es necesario que se deje claro el régimen transitorio entra ambas normas", ha planteado Navarro.

DISCIPLINA URBANÍSTICA

Otro de los aspectos que no mejora la nueva normativa, según ha puntualizado, es la disciplina urbanística, "competencia de la Junta pero hasta ahora siempre ha pretendido que la ejecuten los ayuntamientos sin la transferencia de recursos".

"La novedad es que ahora el Gobierno andaluz pretende que se ocupen las diputaciones, que a su vez reclaman que esta cesión de competencias venga acompañada con recursos materiales y humanos", ha indicado.

Ha manifestado que el Ejecutivo socialista "no sabe a quién encasquetarle la responsabilidad; pero la verdad es que precisamente el control de la disciplina urbanística es lo que ha fallado y es el origen de todos los problemas que sufrimos".

Junto a la paralización de la tramitación de la LUSA, Navarro ha pedido al Gobierno andaluz que convoque de manera urgente a los alcaldes andaluces "para escucharles y tomar nota de todo lo que tienen que aportar".

En definitiva, para la dirigente del PP malagueño, no puede ser que "se pierda la oportunidad de solucionar todos los problemas urbanísticos" actuales y "atajar la incertidumbre y la inseguridad para no lastrar la atracción de inversiones; como ocurre con las 300.000 viviendas irregulares que hay en Andalucía o las 50.000 en Málaga y a las que no se da solución con esta norma", ha concluido.