Inmaculada González, promotora de la propuesta, advierte de la realidad a la que se enfrentan muchos niños y niñas de nuestro país y la importancia de contar con familias que se ofrezcan para que estos menores puedan vivir con ellas.

González afirma "que la legislación actual en materia de protección a la infancia y adolescencia prioriza el acogimiento familiar frente al residencial, las soluciones estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas".

En concreto, destaca González, "la reforma estatal emprendida en 2015, y materializada en la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que apuesta por el acogimiento familiar como la mejor fórmula de protección a la infancia, ya que a los menores en situación de acogida se les ofrece un núcleo de educación y atención lo más parecido a un contexto familiar, que les permite disfrutar de grandes beneficios para su desarrollo psicosocial y afectivo".

Y es que, según la diputada popular, "es necesario que todas las administraciones públicas implicadas en el acogimiento familiar den a conocer la importancia, no solo social, sino también emocional, de esta opción de acogimiento. Si bien ha resaltado que, en la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contribuye a crear una cultura de acogimiento en la sociedad española, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que son las que implementan efectivamente las políticas".

"Apostamos por apoyar la gran labor de protección a la infancia de las familias acogedoras", dice Inmaculada González, "que crean oportunidades a nuestros niños y niñas para crecer como personas, como familia y como sociedad, enseñan el valor de la solidaridad y fortalecen los principios de respeto, diversidad, integración y tolerancia".

En 2015, España contaba con 8.347.033 menores de edad, de los cuales 13.596 se encontraban en acogimiento residencial en centros dependientes de las entidades públicas de menores. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, establece en su preámbulo el compromiso de los Estados Parte con el entorno familiar.