A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Esther Ruiz ha resaltado que "sus valores y forma de hacer nos son de gran ayuda para que, desde la Administración, podamos desarrollar políticas que respondan a las necesidades reales de muchos ciudadanos y ciudadanas".

En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía colabora activamente con la Asociación Síndrome de Down Córdoba para el desarrollo de diferentes programas, como los de habilidades básicas y fomento de la autonomía o voluntariado, entre otros.

De hecho, el pasado año la Junta aportó casi 20.000 euros para diferentes proyectos, a lo que se suma la subvención regional con cargo al IRPF de tres programas, por un importe total de más de 236.000 euros a la federación regional de este ámbito.

En cuanto a la Asociación Down Córdoba, tiene suscrito un convenio con la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en para promover la formación e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual de Córdoba, propiciando la realización de prácticas profesionales en los distintos centros de trabajo de la Delegación.

A este respecto, Esther Ruiz ha agradecido a Down Córdoba y a todos los miembros de esta entidad "el esfuerzo que realizan para contribuir a la autonomía de estas personas y que puedan, como cualquier otro ciudadano, desarrollar un proyecto de vida propio, independiente y de futuro".

"La promoción de esa autonomía de las personas con discapacidad -ha proseguido- es objetivo prioritario para la Junta de Andalucía, por lo que, como ha venido siendo hasta ahora, Down Córdoba va a contar con nuestra colaboración en todos aquellos proyectos que permitan avanzar en su consecución".

Por eso, sabiendo que "la inserción laboral, el acceso a un empleo, es una de las principales dificultades a las que se enfrentan estas personas. De ahí que vayamos dando pasos hacia su plena integración y participación en la sociedad", según ha subrayado la delegada, quien ha indicado que, por otro lado, la Junta mantiene el concierto de 39 plazas en la Unidad de Estancia Diurna de Down Córdoba, por más de 200.000 euros.

NUEVA LEY ANDALUZA

Junto a ello, la delegada ha trasladado a la asociación que la nueva Ley de Discapacidad andaluza "viene a reforzar el trabajo realizado para conseguir una sociedad más inclusiva y accesible, promoviendo la autonomía personal, la capacitación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la vida independiente y en la perspectiva de género, entre otras".

El nuevo texto legal se adecua a las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España. Los destinatarios son las más de 720.000 personas con discapacidad que hay en Andalucía (más del 61 por ciento mujeres), lo que supone casi el diez por ciento de la población, señalando Ruiz que, "con esta ley se inicia un nuevo camino que se suma al largo recorrido en la lucha por los derechos del colectivo".

En particular, en el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al diez por ciento del número de plazas para personas con discapacidad, que actualmente es del siete por ciento.

Como novedad, se reserva por primera vez el uno por ciento de puestos para personas con enfermedad mental, y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Administración de la Junta de Andalucía, se reservará el cinco frente al tres por ciento que proponía el proyecto de ley. Asimismo, se reservará al menos el cinco por ciento de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

La ley reconoce específicamente el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, entre otras actuaciones, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente.

En el área de la contratación pública se reserva el cinco por ciento del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70 por ciento de trabajadores con discapacidad).

Se introduce también una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del dos por ciento.

Para la delegada, "se trata de una apuesta clara y decidida del Gobierno andaluz por lograr una sociedad inclusiva, e integradora, y aprovechar al máximo las capacidades de todas las personas que tienen reconocido, por los centros de valoración y orientación, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en Andalucía".

Por último, Esther Ruiz ha destacado el "esfuerzo que realiza esta asociación a favor de las personas con discapacidad de Córdoba y su provincia", añadiendo que, respecto a "su inclusión e inserción laboral, seguirán encontrado a la Junta de Andalucía para que, entre todos, logremos una sociedad mejor y con igualdad de oportunidades para todas las personas".