Río Portapego, en Touro, con vertidos derivados de la mina
Río Portapego, en Touro, con vertidos derivados de la mina ASOCIACIÓN PETÓN DO LOBO

La ONU, a través de la comisión de cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre participación pública en materia de medioambiente, admitió a trámite el pasado 15 de marzo una queja de entidades ecologistas sobre la "constante obstaculización" de la Xunta al acceso a la información en proyectos mineros.

En concreto, se trata de un documento de las asociaciones Petón do Lobo y O Ouriel dos Anllóns, que fue enviada el 24 de julio del pasado año y que se refiere a los expedientes relacionados con las minas de San Finx, en Lousame, y de Varilongo, en Santa Comba (A Coruña).

Asimismo, según explican las asociaciones, la queja también hace referencia "a diversos inventarios sobre los riesgos de balsas y escombreras y de labores mineras abandonadas" por toda Galicia.

La reclamación admitida parte de estas asociaciones, que se incluyen en la red 'ContraMINAcción', la cual alerta de que los "impedimentos" en el acceso a la información "continúa siendo uno de los principales obstáculos" para los movimientos por la defensa del territorio. En este sentido, alude a conflictos como el de la mina de cobre de Touro (A Coruña).

"AGOTADAS" LAS VÍAS DOMÉSTICAS

La queja emitida al órgano de la ONU, tal y como relatan los ecologistas, se produjo "después de agotar las vías domésticas y de que la Xunta continuase ignorando las solicitudes".

Además, aseguran que fue admitida a pesar de la oposición de la delegación española en la comisión, que afirmó -dicen- que no se habían utilizado tales vías y que sí hubo proceso de participación pública en San Finx y Viralongo. Según las asociaciones, "totalmente falso".

Las entidades gallegas, a través de su representante, el profesor de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) especialista en derecho ambiental internacional Warren Lavey, aseguraron que las resoluciones de 2008 y 2009 de ambos proyectos establecían el condicionante de someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental.

Esto, según la queja, fue "ignorado" por el siguiente y actual director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, tras el cambio de gobierno en la Xunta en 2009.

Así, las asociaciones subrayan que "el silencio negativo y los obstáculos y condicionamientos continuados al acceso de la información ambiental de los expedientes mineros (...) son la práctica habitual" del departamento de Tahoces, que "pone por encima de la protección del medioambiente

los intereses económicos y comerciales" y "encubre actuaciones irregulares" de las empresas mineras y de su administración.

CONVENIO DE AARHUS

El convenio de la ONU sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente es un tratado internacional firmado el 25 de junio en la ciudad danesa de Aarhus. España, por su parte, ratificó sus decisiones posteriormente, el 15 de diciembre de 2004.

En este sentido, según explican las organizaciones que interpusieron la queja, su admisión a trámite supondrá que sea el departamento de asuntos internacionales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) el que dé cuentas ante la ONU sobre la actuación de la Xunta.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.