La Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) ha interpuesto un recurso contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con la adjudicación irregular en 1999 de la concesión a la empresa Abertis (en aquel entonces Iberpistas) de la construcción de las conexiones de la autopista AP-6 (Villalba-Adanero) con Segovia y Ávila así como la prórroga de la concesión de la AP-6.

La noticia la ha dado CC.OO de Ávila y la asociación segoviana Centaurea, que fueron en su momento quienes pusieron la voz de alarma sobre todo el proceso ahora impugnado desde Bruselas. Una denuncia que se remonta al año 2000 y que a finales de 2007 ha tenido su eco, al creer oportuno la CCE aclarar todo el asunto ante el máximo tribunal de la Unión Europea.

El litigio se originó cuando Fomento adjudicó a la empresa Abertis la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopista de peaje A-6, conexión con Segovia su la conexión con Ávila, así como la conservación y explotación a partir de 2018 de la autopista de peaje A-6, en su tramo Villalba-Adanero.

Dentro de este paquete de concesiones se incluyeron otras obras que no habían sido anunciadas (la construcción de un nuevo carril entre las localidades de San Rafael y Guadarrama -que incluye un nuevo tercer túnel bajo la Sierra-, un gran área de peaje en San Rafael, un cuarto carril entre Las Rozas y Villalba, y un tercer carril entre Villalba y Guadarrama).

Las obras con un valor superior a las anunciadas y publicadas en su día, según CC.OO y Centáurea, incumplen la normativa europea, ya que es necesariosu publicación en el Diario Oficial con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 93/37.

La propia CCE pone el acento en este punto añadiendo en su denuncia que las autoridades españolas han infringido el principio de igualdad de trato al aceptar una proposición que se apartaba abiertamente de las prescripciones fundamentales establecidas en el anuncio y el pliego de cláusulas administrativas particulares si hechas públicas.

Tanto Comisiones Obreras como Centaurea consideran que el PP, en especial los ex ministros de Fomento del PP, Rafael Arias Salgado y Francisco Álvarez Cascos, así como Ángel Acebes y Jesús Merino, principales impulsores de estas autopistas, deben dar ineludiblemente explicaciones a los ciudadanos sobre el fraude cometido en esta adjudicación que realizó el Gobierno Aznar.

Para Carlos Tomás Rodríguez, Secretario de Medio Ambiente de la Unión Sindical de CC.OO. de Ávila afirma que "a pesar del tiempo transcurrido valoramos muy positivamente la decisión de la Comisión Europea, que nos da plenamente la razón". Mientras que Carlos Bravo, portavoz de Centáurea opina que "el Gobierno socialista debe ahora aceptar la posición de la Comisión allanándose a su demanda y volver al punto cero de la adjudicación y aprovechar para reconvertir estas autopistas en autovías, donde la gratuidad está garantizada".

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