En un comunicado, el Decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia,

Carlos Fuentenebro, ha destacado que la sentencia del TSJPV contiene un pronunciamiento estimatorio de la postura del Colegio de Bizkaia e impone expresamente las costas del procedimiento a la Autoridad Vasca de la Competencia, minoradas en un 50% de las que pudieran haberse causado.

La resolución del alto tribunal vasco señala que "como afirma con rotundidad la parte recurrente, tratándose de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público, y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios, no cabe hablar de un mercado de prestación de los mismos y la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974, no es aplicable al caso".

Asimismo, la sentencia añade que "la interrogante más obvia es si, en base a esa caracterización, podría considerarse empresa al abogado colegiado que desarrolla la actividad de Asistencia Jurídica Gratuita, y la respuesta negativa nos resulta palmaria, muy al margen de que esa definición del TJUE encaje plenamente con la actividad profesional libre de los profesionales colegiados" en el Colegio de Abogados de Bizkaia -artículo 2.1 LCP-, que también en este caso, "como en el de los Países Bajos, les calificaría como tales empresas".

"Esta sentencia es muy importante para todos los que defienden el sistema legal de Asistencia Jurídica Gratuita y, de alguna forma, apunta al cierre, de forma definitiva, del debate sobre la territorialidad de dicho servicio", ha concluido Fuentenebro.

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