Esta causa se inició después de que el ministerio fiscal presentara una denuncia por falsedad en un documento, en concreto en el acta del pleno del 29 de julio de 2009, presidido por la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, -que tiene condición de aforada al ser senadora- para la aprobación provisional del PGOU, donde se habrían incluido algunas modificaciones.

La Sección Segunda estima parcialmente, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los recursos presentados por el fiscal y el PSOE contra el sobreseimiento de la causa, que fue confirmado por el juez; y entiende que "resulta precipitado el archivo" de la denuncia "en cuanto al delito de falsedad en documento público cometida por funcionario público a título de imprudencia grave".

Así, se insta al juez a practicar diligencias solicitadas por el fiscal, como la declaración en calidad de testigos de las personas que según el que era vicesecretario municipal -que falleció- hicieron la trascripción del vídeo del pleno y de dos exconcejales, ya que una de ellas "hizo alusión a la pretensión de modificar las lindes del municipio, lo que fue contestado por la alcaldesa".

Asimismo, el Tribunal de apelación añade que tras practicar dichas diligencias, el instructor podrá adoptar "con absoluta libertad de criterio, la decisión que estime conveniente", según el auto, adelantado por el periódico 'La Opinión de Málaga'.

Tras analizar distintos documentos sobre las modificaciones, así como el acta y las grabaciones del pleno, la Sala señala que "nada se debatió ni se acordó respecto del contenido del escrito presentado por el equipo redactor del Plan General" y añade que en el acuerdo final que presenta el acta "no se contiene mención alguna a la sustitución de 22 de los 71 planos" que componían el PGOU.

El magistrado instructor reiteró en sus autos de archivo provisional que "se puede afirmar que no hubo ninguna intención por el equipo de gobierno de que dicho escrito en el que se contenían las modificaciones introducidas a última hora pasaran desapercibidas".

Al respecto, la Sala apunta ahora que "puesto que la narración contenida en el documento público no se corresponde indiciariamente con la realidad de lo acontecido, aún no estimándose que la actuación resulte dolosa, tal y como sostiene el magistrado, sí podría integrar el delito de falsedad en documento público en su modalidad de imprudente", por lo que revoca el auto "en orden a investigar la posible comisión" de dicho tipo delictivo.

Por contra, la Audiencia confirma el sobreseimiento provisional sobre la entonces concejala de Urbanismo cuando la corporación municipal aprobó el PGOU, Alba Echevarría, al señalar que "no ha quedado acreditado que tuviera participación alguna en el delito de falsificación del documento público investigado".

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