Juez
Un juez con el mazo en la mano en una foto de archivo. GTRES

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una mujer, ciudadana china, contra dos sentencias previas que habían declarado nulo su matrimonio —celebrado en 2010— por incapacidad del contrayente, entonces enfermo de Alzheimer y ya fallecido.

El litigio ha enfrentado a la mujer contra las tres hijas de su exesposo, que fueron quienes presentaron en 2015 la demanda de nulidad, nueve meses después de la muerte del hombre. En el testamento, a ellas —hijas de la primera esposa— les correspondió la herencia legítima y la segunda esposa fue nombrada heredera; esta y el fallecido mantuvieron una relación de once años antes de casarse y realizaron varios viajes a China.

El hombre se divorció en 2009 de su primera mujer; dicho divorcio se le concedió a pesar de que estaba pendiente de resolución judicial una demanda de incapacitación contra él que había presentado una de sus hijas el año anterior. En enero de 2010, el hombre se casó con su segunda esposa y, cinco meses después, llegó la sentencia, que lo declaró incapaz y nombró a la hija demandante su tutora legal.

El fallecimiento se produjo en enero del 2015. En octubre de ese año, las tres hijas presentaron una demanda para pedir la nulidad del segundo matrimonio. Alegaron que su padre no pudo dar el consentimiento al estar muy enfermo y citaron un informe médico de 2009 que, entre otras cosas, decía: "No recuerda el nombre de las hijas. No sabe coger el bolígrafo para escribir una frase".

El juzgado de primera instancia y, después, la Audiencia Provincial de Valencia dieron la razón a las hijas. Ahora, el Supremo da la razón a la segunda esposa. El Alto Tribunal señala que el fallecido pidió "por voluntad propia" el divorcio de su primera esposa y que el juez se lo concedió; además, dice que cuando fue nombrado incapaz ya estaba casado de nuevo, y que nadie pidió la nulidad entonces: ni el fiscal ni sus hijas.

Por otro lado, la sentencia apunta que el segundo matrimonio se celebró ante el Registro Civil del Consulado de España en una ciudad de la República Popular de China, lo que requería que "el Cónsul apreciara previamente la capacidad matrimonial".

"Si se hubiera apreciado abuso o manipulación por parte de la demandada o se hubiera considerado que el matrimonio no era válido por falta de consentimiento de D. Alvaro, esa situación no se hubiera permitido", dice el tribunal, que recuerda el carácter fundamental del derecho a contraer matrimonio en los textos legales, constitucionales, y Convenios Internacionales suscritos por España.

El fallo también refleja que veinte días antes de que se presentara la demanda de incapacitación, en 2008, la primera esposa —con un poder que le había otorgado su marido en 2006— "otorgó escritura de cambio de régimen económico matrimonial, pasando a regir su matrimonio por el de separación de bienes". En 2009, antes del divorcio, la mujer constituyó con sus hijas una sociedad patrimonial a la que aportó "todos los bienes gananciales".