Salamanca.- Uno de los perros que atacó al hombre de Santa Marta
Salamanca.- Uno de los perros que atacó al hombre de Santa Marta GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial, en calidad de investigados no detenidos, a nueve veterinarios colegiados en la provincia de Salamanca, como presuntos autores de delitos de falsedad de documento oficial, por no calificar como perros de razas potencialmente peligrosas a canes que realmente sí que lo eran.

Según fuentes del Instituto Armado, la operación comenzó a raíz del homicidio imprudente ocurrido el 26 de febrero de 2017 en un camino rural del término municipal de Santa Marta de Tormes, en el que varios perros de razas potencialmente peligrosas, documentados como no peligrosos, atacaron violentamente a un hombre hasta acabar con su vida.

Entonces, la Sección del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca inició una serie de investigaciones relativas al control administrativo y documental de perros de razas potencialmente peligrosas.

En el marco de la 'Operación Maxil', la Benemérita comparó las características raciales de los perros de la agresión mortal en Santa Marta con la documentación para su legal tenencia; así como la grabación de todo ello en la aplicación informática del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (Siacyl) y las condiciones de sanidad y bienestar animal de los canes.

A consecuencia de las investigaciones, la Guardia Civil constató "falsedades" en la documentación, en particular del factor racial y las características de perros peligrosos y sus cruces, al hacer constar otras razas no catalogadas como peligrosas e incumplir la normativa vigente "con la única finalidad de exonerar de forma fraudulenta a los titulares de los animales del cumplimiento de los requisitos para la legal tenencia de animales potencialmente peligrosos".

Asimismo, dentro de la Operación, los agentes han investigado la raza y documentación de un número superior a 1.000 animales en Salamanca y en otras provincias, donde han encontrado otras "irregularidades" que han desembocado en la puesta a disposición judicial, en calidad de investigados no detenidos, de los nueve veterinarios.

La ley actual, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y su Reglamento de desarrollo, obliga al poseedor del animal a la obtención de licencia administrativa, ha señalado la Guardia Civil.

Y, para obtener esa licencia, hay que cumplir requisitos como acreditar la aptitud psicológica, tener suscrito un seguro de responsabilidad civil y carecer de antecedentes penales. Además, ha apuntado,"los animales deben ser controlados en todo momento en los espacios públicos mediante la utilización de bozal adecuado y la sujeción con correa o cadena de menos de dos metros".

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