Según ha destacado Merino en una nota, "ésta fue una de las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo".

"Su objetivo es avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones, impulsar el envejecimiento activo y luchar contra la discriminación por razón de edad en el trabajo", ha asegurado.

La medida establece que los ciudadanos pueden compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión, una vez cumplida la edad legal de jubilación, y la permanencia en el empleo bajo unos determinados requisitos. Así, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe inicial.

Los principales beneficiados de esta medida son los empleados públicos que se jubilen y luego pasen a trabajar al sector privado, cobrando a su vez el 50% de su pensión, según ha aseverado Merino.

Después de cuatro años desde su entrada en vigor, los datos oficiales que maneja el Gobierno de España reflejan que en la provincia de Córdoba se han acogido a esta modalidad de jubilación activa un total de 1.220 cordobeses. Además, el incremento ha sido progresivo y considerable cada año: mientras que en 2013 se acogieron 92 personas, en 2017 fueron 378.

En Andalucía las cifras son muy similares. En los cuatros años de vigencia se han acogido a la jubilación activo 11.559 andaluces, pasando de 730 personas en 2013 a 3.852 en 2017.

"CON MÁS ÉXITO"

"El incremento en el número de los cordobeses y andaluces que optan por este modelo de jubilación demuestra que la medida se va implantando cada vez más y con más éxito, y que muchos jubilados la contemplan como una buena opción para continuar una vida laboral activa sin renunciar a su pensión", ha afirmado el popular.

Esta iniciativa ha seguido las recomendaciones del Pacto de Toledo que "invitaban a adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral". Además, introduce novedades en lo que respecta a la jubilación anticipada y parcial; la compatibilidad entre trabajo y pensión, y la lucha contra la discriminación por razón de edad en el empleo.

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