Según el TSJCV, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc entre los años 2007-2011, en la que se han investigado delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 21 de València, en enero de 2018, se declaró "no competente" para proseguir con la investigación tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia.

La instructora se inhibió en favor de los juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de los hechos denunciados.

Según publica este miércoles El Mundo, la investigación partió tras aportar el PPCV documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera, actual presidente de Les Corts Valencianes, era el líder del Bloc.

Explica que una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

En lo que respecta al Bloc, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia 'estados de cuentas de Bloc', según la misma información. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra 'concepto' con una serie de empresas. La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y conocer el por qué aparecen en su cuenta.

Según la misma información, la documentación que ha motivado la investigación apunta a varios ministerios del Gobierno de España mientras José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente. De ahí saldría la inhibición de una parte de la investigación a un órgano judicial de Madrid.