El Ejecutivo ha dado luz verde este martes al proyecto de de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 en un Consejo de Ministros extraordinario convocado para dar salida las cuentas públicas de este año ante los plazos apremiantes para su tramitación en las Cortes.

"El Gobierno cumple su compromiso y su deber constitucional de presentar las cuentas publicas", ha asegurado el portavoz gubernamental Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De haberse retrasado más, se habría solapado con la aprobación del techo de gasto de 2019 y el Ejecutivo habría optado por continuar la prórroga que se ejecutó en octubre ante la crisis política en Cataluña.

"Es un presupuesto realista y creíble, basado en el equilibrio financiero. El mayor crecimiento previsto [del 2,7% este año después de que el Gobierno lo haya revisado al alza este martes] hará posible toda una serie de medidas que no pudieron tomarse durante la crisis económica", ha dicho el portavoz del Gobierno. "Hoy sí podemos hacerlo", ha añadido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

"Estamos haciendo llegar el crecimiento económico a la población de forma más equitativa, así que estos son los presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores de rentas medias y bajas", ha presumido Montoro, que calcula en 3.000 millones el gasto que se destinará a beneficiar a las familias y a las rentas más pequeñas: 2.000 millones de rebajas en el IRPF y 1.000 para incrementar las pensiones.

Algunas de esta medidas son rebajas del IRPF para quien gane de 12.000 a 18.000 euros, ayudas fiscales a familias para guardería y cuidados de dependientes, subidas salariales a funcionarios y equiparación de sueldos en las fuerzas de seguridad.

Y sobre todo, una subida de las pensiones más bajas, que se elevarán de un 1% a un 3% para beneficio de unas 6.730.000 personas. Las mínimas y las no contributivas crecerán este año un 3%, lo que beneficiará a 2,4 millones y 450.000 perceptores, respectivamente. La base reguladora de las pensiones de viudedad subiría dos puntos porcentuales, del 52% al 54%.

Por otro lado, las pensiones de hasta 9.800 euros al año (700 euros mensuales) subirán un 1,5% para los 1,5 millones de pensionistas que se encuentran en esta situación; y las que llegan hasta los 12.040 euros (860 euros al mes) crecerán un 1%, beneficiando así a otros 880.000 personas. Todas estas subidas de las prestaciones de los pensionistas se aplicarán de forma retroactiva desde el 1 de enero.

Para financiar todas estas medidas, el Gobierno estima que el crecimiento económico desembocará en un aumento del 6% en los ingresos tributarios respecto a lo recaudado en 2017, hasta los 210.015 millones de euros, un máximo en la serie histórica. Incluye 82.056 millones ingresados por IRPF (un 6,5% más), 24.258 millones de Sociedades (+4,8%), 71.575 millones de IVA (+5,6%) y 21.612 de impuestos especiales (+6,4%).

Pero los expertos no lo ven tan claro. La patronal CEOE considera que el augurio de ingresos es "excesivo" y tiene "un claro sesgo de momento político" —el año 2019 acoge elecciones europeas, locales y autonómicas—. "Es un optimismo deliberado", lamenta el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.

Las séptimas cuentas públicas de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno llegarán el martes 3 de abril al Congreso y comenzará así una tramitación parlamentaria que pasará por las enmiendas a la totalidad, las enmiendas parciales, la validación en el Senado y su esperada aprobación final en el Congreso de los Diputados antes de julio.

El Ejecutivo ha amarrado ya el apoyo de Ciudadanos, pero le faltarían los votos de PNV, Foro, UPN, PAR, Coalición Canaria "y de Nueva Canarias en su momento" —ha dicho Montoro— para amarrar una mayoría de 176 diputados, similar a la que usó el año pasado para aprobar los Presupuestos Generales de 2017. El secretario general de CC, José Miguel Barragán, asegura que apoyará los presupuestos "si todo va bien".

Los nacionalistas vascos, sin embargo, exigen que deje de aplicarse el artículo 155 en Cataluña para apoyar las cuentas. "No aprobarlos perjudica a todos y no beneficia a nadie", ha insinuado Méndez de Vigo en un intento de presión a los nacionalistas vascos para que acaben validando  parlamentariamente las cuentas. "Y si no lo hacen, tendrán que explicarles a los españoles por qué".

No ayuda a la decisión vasca que el Gobierno vaya a recurrir la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018 por su intención de subir el sueldo a los funcionarios, según ha confirmado este martes el Ejecutivo vasco. "Una amenaza que no favorece el clima de entendimiento", dice el portavoz vasco, Josu Erkoreka, que lo considera un "gesto inamistoso e incomprensible". El Gobierno niega que vaya a recurrirlas y asegura que solo trata de solventar "discrepancias" que existen porque esta subida salarial excedería las competencias del Ejecutivo vasco.