El Boletín Oficial de Castilla y León informó este lunes de la interposición del recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Los propietarios recurren el acuerdo, con fecha del pasado 4 de diciembre de 2017, de aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial del Casco Histórico en el ámbito del antiguo Hospital Pío del Río Hortega y Colegio El Salvador, con el que el equipo de Gobierno pretende habilitar estas dos parcelas para instalar el Campus de la Justicia.

Esta operación fue puesta en marcha por el actual equipo de Gobierno a las pocas semanas de llegar al Ayuntamiento, ya que durante años se había planificado la instalación del edificio que unificara las sedes judiciales en una parcela situada junto al barrio de Girón, para lo cual en 2015 ya estaba pactada una permuta entre el anterior Ejecutivo municipal del PP y el Ministerio de Justicia, que entregaría al Ayuntamiento el actual edificio de los Juzgados.

El equipo de Gobierno formado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra optó por no seguir adelante con la permuta, que aún no se había firmado, y tratar de instalar el Campus en una zona más céntrica como el entorno de la plaza de San Pablo.

Para ello, propusieron una modificación de planeamiento por la cual ofrecerían terrenos en la zona de Finca Zambrana a los propietarios de El Salvador a cambio de este inmueble.

Sin embargo, la sociedad San Pablo Va ha recurrido finalmente este acuerdo, por lo que el Bocyl notifica con fecha de 9 de marzo de un plazo de 15 días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, ha dado por hecho que el Campus "no va a ser una realidad a lo largo de esta Legislatura municipal" y ha aseverado que se habrán perdido cuatro años para poner en marcha el proyecto "por el empecinamiento del Gobierno" del alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

Martínez Bermejo ha incidido en que el equipo de Gobierno ha insistido en que era "jurídicamente posible" instalar esta infraestructura en la zona de El Salvador, mientras que ha defendido que el PP dijo que "pese a ser un buen lugar para ubicarlo, tenía muchas debilidades de carácter jurídico".

"Lamentamos que el servicio público de Justicia en Valladolid se haya visto mermado por la cabezonería del Gobierno de Puente y de Saravia", ha señalado Martínez Bermejo, que ha calificado la situación de "lío".

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