El Gobierno gallego trasladará a los funcionarios de justicia, en huelga indefinida desde el pasado 7 de febrero, una instrucción en la que "aclara" su decreto de servicios mínimos. El objetivo es que, dadas las denuncias ciudadanas surgidas ante las dificultades para realizar trámites como las certificaciones de nacimiento y de defunción, se garanticen los "derechos fundamentales" de los ciudadanos.

Aunque no ha entrado en detalles sobre el contenido de la instrucción, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que la medida tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos puedan hacer gestiones que, a su modo de ver, ya están amparadas por el decreto de servicios mínimos vigentes pero que "no se están tramitando" adecuadamente, sobre todo en los registros civiles.

El vicepresidente ha informado de esta medida en el seno de la Comisión Mixta entre la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a la que también ha acudido el presidente del alto tribunal gallego, Miguel Ángel Cadenas, quien ha manifestado que espera que el conflicto se pueda solucionar cuanto antes.

En declaraciones a los medios, tras el encuentro y antes de que arrancase una nueva reunión entre la delegación negociadora de la Xunta y los sindicatos, Rueda ha explicado que hay "derechos fundamentales" de los ciudadanos que hay que salvaguardar y que no se pueden impedir bajo el amparo del derecho a huelga.

INTERPRETACIÓN "ERRÓNEA" DEL DECRETO

Así, ha remarcado que la instrucción recoge principalmente determinadas certificaciones, inscripciones, notificaciones o actuaciones procesales que, en algunos casos, "no se estaban gestionando con normalidad".

Preguntado acerca de por qué no se hizo antes esta instrucción, Rueda ha replicado que la Xunta entendía que en el decreto de servicios mínimos ya quedaban "claras" qué actuaciones había que hacer y que dan el paso ante la, a su juicio, "interpretación errónea" por parte de los trabajadores y sus representantes sindicales.

SEGUIMIENTO

La Administración autonómica también ha informado del seguimiento de la huelga, que sitúa en esta jornada en un 36,99 por ciento. Según sus cálculos, fueron a la huelga 1.015 personas y, por provincias, la secundaron un 35,05 por ciento en A Coruña, el 24,92 por ciento en Lugo, el 35,29 por ciento en Ourense, y el 43,76 por ciento en Pontevedra.

En el cálculo de estos datos, el Ejecutivo tiene en cuenta que 182 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares o días de libranza) y 775 participaron en los servicios mínimos.

Los sindicatos mantienen que el seguimiento es "muy elevado" y que ronda el 80 por ciento de media en Galicia.