La Fiscalía pide prisión para Turull y los otros cuatro exconsellers tras la huida de Marta Rovira

Los exconsellers de la Generalitat Raül Romeva (i), Carles Mundó (2i), Jordi Turull (2d), y Josep Rull, a su salida de la prisión de Estremera (Madrid) tras pagar las fianzas que les impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Los exconsellers de la Generalitat Raül Romeva (i), Carles Mundó (2i), Jordi Turull (2d), y Josep Rull, a su salida de la prisión de Estremera (Madrid) tras pagar las fianzas que les impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Víctor Lerena / EFE
Los exconsellers de la Generalitat Raül Romeva (i), Carles Mundó (2i), Jordi Turull (2d), y Josep Rull, a su salida de la prisión de Estremera (Madrid) tras pagar las fianzas que les impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido el ingreso en prisión del candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull, de Carme Forcadell y de los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, en una decisión en la que ha influido la huida de Marta Rovira.

La Fiscalía ha hecho esa petición en una vista de medidas cautelares celebrada en el Supremo después de que Llarena haya comunicado el procesamiento a 25 implicados en el proceso a la independencia de Cataluña, han informado a Efe fuentes fiscales.

Entre los argumentos de la Fiscalía está que el riesgo de fuga existente se ha acrecentado por la huida de Marta Rovira, que estaba citada ante el juez y no se ha presentado. Asimismo, argumenta que existe riesgo de reiteración delictiva.

Reactivación de las órdenes de detención

Por otro lado, la Fiscalía también ha solicitado al juez Llarena que reactive las órdenes de detención contra todos aquellos miembros del 'procés' que se encuentran huidos de España.

Llarena desactivó las órdenes europeas e internacionales de detención contra Puigdemont y sus cuatro exconsejeros huidos poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.

En el caso de Anna Gabriel, en Suiza, y Rovira, cuyo destino parece haber sido el mismo, la orden sería de extradición: el procedimiento reside en el contacto entre Gobiernos y no entre jueces, como en el caso de la euroorden.

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