Para ello, el gobierno ha quedado enterado y ha tenido en cuenta el informe que al respecto ha emitido la Delegación del Gobierno en Aragón, que indica que los vehículos en los que se plantea instalar el sistema de videovigilancia tienen la consideración de bienes o instalaciones privadas, y sometidos por tanto a la normativa de seguridad privada y de protección de datos de carácter personal.

Como consecuencia de ello, las videocámaras deberán estar enfocadas hacia el interior de los vehículos, sin que puedan grabar la vía pública.

Con ello, se pone en marcha una mejora importante para la seguridad tanto de los pasajeros como de los conductores y conductoras que prestan servicio en los autobuses nocturnos.